Jujeñazo: el pueblo que lucha resguardado por la Wiphala

Hace más de un mes que el pueblo jujeño está movilizado contra el gobierno de Gerardo Morales. La primera alarma fue cuando las y los docentes convocaron a un paro provincial en busca de mejoras salariales. Luego, las políticas de muerte impulsadas por Morales reflejaron con claridad su objetivo: ampliar el modelo extractivista y garantizar su permanencia y la de su gobierno en el tiempo.

"La gente está cansada, pero en pie de lucha. Por eso, todo aporte solidario es fundamental para seguir de pie", expresó Eugenia Figueroa, joven estudiante y agricultora mendocina con descendencia originaria que utiliza sus redes sociales, bajo el usuario Soymujercolla, para enaltecer la voz de todas las comunidades originarias. Ahora, que Jujuy vive un escenario de violencia y represión, la activista, quien tiene familiares en la provincia que vivieron en carne viva los sucesos de la última semana, está al pendiente de lo que ocurre en la provincia del norte del país y tejió redes junto con otros colegas para ayudar y contener a los manifestantes que siguen firmes bajo el pedido de mejoras.

La semana pasada se aprobó de madrugada la reforma constituyente propuesta por el mismo gobernador jujeño que criminaliza y prohíbe el derecho a la protesta social y, a su vez, atropella los derechos de los pueblos indígenas porque promueve el saqueo, despojo y desalojo de sus tierras y recursos naturales.

Organizaciones sociales, pueblos originarios y trabajadores salieron a las calles a repudiar la nueva reforma, que viola los derechos humanos. La respuesta del Estado fue la represión y hasta el día de hoy, el derecho a manifestarse es bastardeado por balas de goma, personas detenidas y Policía en las calles.

Según LatFem, la nueva Constitución provincial modifica 66 de los 212 artículos y, como sostienen desde las comunidades indígenas, su aprobación es inconstitucional, porque fue hecha a espaldas del pueblo. La reforma reduce derechos consagrados por la Constitución Nacional e ignora tratados internacionales de igual jerarquía; entre ellos, prohíbe el derecho a la protesta. Además, concentra el poder y gran parte de las decisiones políticas en el Ejecutivo provincial, ya que mantiene la posibilidad de reelección en la Gobernación, prohíbe los indultos por corrupción, quita poder a los organismos de control y legitima el achicamiento del Estado.

"Los pueblos indígenas de Jujuy vivieron por mucho tiempo bajo las lógicas colonialistas de los gobernantes y la sumisión del racismo sistemático. La sensación que nos transmiten las y los manifestantes es que no darán marcha atrás. El pueblo se paró y luchó. Está decidido a seguir hasta el final y busca que Morales renuncie a su cargo. Necesitamos de la ayuda de las compañeras y compañeros, porque hay un montón de gente que resiste y no bajará los brazos, pero necesita de provisiones para seguir el día a día", expresó Eugenia en el grupo de difusión que armó especialmente para que periodistas, activistas y ciudadanos de todo el país se enteren de manera directa lo que ocurre en las diferentes ciudades de Jujuy, y colaboren con la causa, ya sea de manera económica o mediante difusión.

La reforma constitucional se ensaña particularmente con las comunidades indígenas. “Vienen por nuestros territorios, somos un tesoro que no supieron cuidar”, manifestó frente a la Casa de Gobierno la lideresa de la comunidad ava guaraní, Gabriela Situé.

La nueva Constitución elimina a los pueblos indígenas del texto constitucional y les niega el reconocimiento. Los pueblos que habitan los territorios de Jujuy tienen una larga historia de defensa de la vida. La creación de la nueva Constitución que niegue sus derechos al territorio es una demostración del interés extractivista que existe sobre ellos. “De nosotros depende la custodia del agua y el cuidado del territorio. Ellos van a acabar con la vida. ¿Qué están esperando para cuidarnos?”, preguntó Situé en una de las primeras movilizaciones en San Salvador de Jujuy.

"Esta reforma busca quitarles las tierras ancestrales a las comunidades indígenas que no tengan propiedad legal de sus tierras, que son la gran mayoría, facilitando su desalojo. Favorece la explotación minera y de litio en la zona, y también criminaliza el derecho a la protesta", explicó Figueroa.

Diversos pueblos indígenas como el kolla, chicha, okloyas, guaraní, omaguaca, tilián y quechua se han unido en esta lucha por sus tierras ancestrales y también por el agua, ya que la exploración del litio podría dejarles sin agua para el consumo, que ya de por sí es escasa en algunas zonas de la provincia.

A pesar de las represiones que se desplegaron en la última semana, son más de veinte cortes los que continúan activos. Luego de una gran asamblea de pueblos originarios, las comunidades decidieron salir a las calles y quedarse allí hasta que Morales dé marcha atrás con la Constitución: “En este momento pedimos la derogación de la reforma porque él lo hizo a espaldas de las comunidades y no lo consultó ni con nosotros ni con los gremios ni con nadie. Es mentira que se reunió con las comunidades, porque estamos todas en diálogo”, explicó Delia de la Comunidad de Hornaditas al portal LAtFem.