La Cámara Nacional del Trabajo frenó la reforma laboral por decreto de Milei

La Cámara Nacional del Trabajo dictó este miércoles una medida cautelar que suspende la aplicación de las reformas en materia laboral incluidas por el Poder Ejecutivo en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, aunque el Gobierno anunció que presentará una apelación.

La decisión judicial hizo lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y consideró que no se habría configurado la situación de "extrema urgencia" requerida para que el Poder Ejecutivo pueda legislar sobre temas que son potestad del Congreso Nacional.

El DNU 70/2023, publicado el 27 de diciembre pasado, introdujo modificaciones en las leyes laborales referidas a la interpretación de las normas, contratación, jornada laboral, indemnizaciones y actividad sindical.

Minutos más tarde de conocerse la decisión, el Gobierno dijo que apelará el fallo de la Cámara del Trabajo. La presentación iba a ser elaborada por la Procuración del Tesoro, que conduce Rodolfo Barra.

Los abogados del Estado apelarán la medida cautelar y pedirán que la causa se siga tramitando en el fuero Contencioso Administrativo Federal, como ya dictaminó el fiscal del fuero del trabajo Juan Manuel Domínguez.

En su fallo de este miércoles, la sala integrada por las juezas María Dora González y Andrea García Vior, y el juez Alejandro Sudera sostuvo que la extensa argumentación del Poder Ejecutivo sobre la gravedad de la situación económica del país resulta insuficiente para demostrar la urgencia en implementar cambios estructurales en las leyes laborales, máxime cuando algunas de esas normas tienen naturaleza penal.

A la vez, los camaristas remarcaron que el Presidente de la Nación podría haber convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso si consideraba prioritario el tratamiento de la reforma laboral.

De este modo, al menos transitoriamente, el Poder Judicial pone freno a las ambiciosas reformas anunciadas por el Gobierno en un área sensible como es el mundo del trabajo, generando incertidumbre sobre cómo continuará ahora el trámite legislativo de esas iniciativas.

En lo que hace al trámite legislativo que el decreto pretende obviar, cabe mencionar que el Presidente de la Nación se encuentra facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias (art. 99 inc. 9 de la Constitución Nacional) y que tanto el Reglamento de la Cámara de Diputados como el de la Cámara de Senadores poseen herramientas que permitirían darle mayor celeridad al tratamiento de cada proyecto en caso de que sus autoridades o integrantes de los cuerpos lo requieran.

NA/MGE