Inexplicable ausencia de San Luis en un reclamo por los biocombustibles

La ley ómnibus que impulsa el gobierno nacional eleva el corte de los biocombustibles, pero se establece una desregulación que pone en situación de desigualdad a las pymes contra grandes productores. Fue precisamente por eso que seis provincias hicieron una contrapropuesta que no fue contemplada en los últimos despachos legislativos. Llamativamente, el área de Desarrollo Productivo del Gobierno de San Luis permanece ausente en el reclamo, dejando en una situación de desprotección a la industria local, con el consiguiente riesgo para más de 600 puestos de trabajo.

El proyecto es impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro de Santa Fe, junto a sus pares de Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy.

San Luis tiene dos grandes plantas de biocombustibles pertenecientes a la empresa Diaser. Una está instalada en Villa Mercedes y produce bioetanol, mientras que la otra, radicada en San Luis, elabora biodiésel.

“El proyecto presentado por las provincias impulsa la existencia de dos segmentos, uno de las no integradas, que son las empresas que no son dueñas del aceite; estamos hablando de las pymes. Y en el otro, las integradas, que son las dueñas del aceite”, señaló Verónica Geese, secretaria de Energía de Santa Fe.

La iniciativa nacional pone como punto de partida en 10% la mezcla de biodiésel con gasoil, que pronto será de un 15%. La participación en ese 10% inicial se establecerá por licitaciones. Lo que proponen Santa Fe y las provincias productoras a Nación es que haya licitaciones separadas, en segmentos separados. El 6,5% del corte del 10% lo licitarían las no integradas y pymes entre sí, y el otro 3,5% las integradas o grandes aceiteras entre ellas. Además que lo que se crezca en el corte, es decir, cuando se pase del 10%, todo ese biodiésel se va a licitar entre todas las empresas, ya sin distinción de tamaños y sin otros segmentos.

Muchas pymes se crearon a partir del fomento que se dio a la industria desde mediados de los 2000, pero cuando se bajó el corte, el sector, principalmente las pymes, se vieron comprometidas.

En la ley ómnibus se eleva el corte, pero establecen una desregulación que pone en situación de desigualdad a las pymes contra grandes productores. Esa disparidad es la que se busca saldar desde el punto de vista de la eficiencia, obteniendo el mejor precio posible para cada uno de los segmentos, en licitaciones como propone el gobierno nacional.

En este nuevo capítulo, San Luis deberá seguir esperando que los funcionarios de la cartera productiva local dejen a un lado “el reunionismo”, despierten de una vez, y trabajen en pos de los productores locales.

Redacción/MGE