Urgida por las deudas y sin contención, tomó la peor decisión: mató a sus hijos

La licenciada en Psicología Laura Ortiz, secretaria general del Colegio de Psicólogos, se tomó un momento para abordar un tema crucial, a menudo invisibilizado y que surge a la palestra tras los hechos del último lunes, donde la oficial de policía Marina Silva asesinó a sus dos hijos con el arma reglamentaria: la salud mental de quienes trabajan en las fuerzas de seguridad. La conversación fluye con una mezcla de preocupación y sinceridad mientras detalla el panorama actual en torno al acompañamiento psicológico de estos profesionales, quienes a diario enfrentan situaciones traumáticas.

“Nosotros, desde el Colegio, podemos decir cómo se debería trabajar. Una persona expuesta a tantos eventos traumáticos debería tener asistencia psicológica todo el tiempo o al menos un seguimiento cada tres o cuatro meses. Lo ideal sería todo el tiempo, supervisado, pero... si se cumple o no, eso ya depende del Ministerio y la verdad es que no sabemos qué sucede, porque ni siquiera sabemos cómo está conformado ese sistema”.

Las palabras de Ortiz resaltan una realidad que se vive en las filas de las fuerzas de seguridad: existe una falta de seguimiento psicológico estructural que debería ser una prioridad, pero no siempre se implementa como es necesario. Desde el Colegio de Psicólogos se tiene claro que el ingreso a la carrera está acompañado de un psicodiagnóstico para evaluar si el candidato es apto, tanto para estudiar como para portar armas. Sin embargo, luego de ese primer filtro, la continuidad de evaluaciones y seguimientos parece diluirse con el tiempo.

“Les hacen un psicodiagnóstico cuando ingresan a estudiar, para ver si pueden hacerlo o no, y después les hacen estudios para la portación de armas. Pero, claro, todos estos estudios son en el momento en que se evalúa a la persona; después pueden ocurrir muchos eventos, como le pasó a esta señora, donde la única salida que encuentran, si no tienen apoyo psicológico o familiar, es el suicidio”.

El drama que protagonizó Marina Silva no es más que un ejemplo doloroso de lo que puede suceder cuando los agentes de seguridad no reciben el apoyo adecuado. Las fuerzas, que están en constante contacto con situaciones de violencia y estrés extremo, son vulnerables a desarrollar diversas patologías si no cuentan con las herramientas necesarias para afrontarlas. “Lo ideal sería que recibieran apoyo psicológico permanente. No solo para prevenir, sino para acompañar los efectos de los eventos traumáticos a los que están expuestos”, subraya Ortiz.

No obstante, la incertidumbre reina en torno a si estos seguimientos efectivamente se implementan. Ortiz admite que, más allá de la información que poseen sobre los psicodiagnósticos iniciales, desconocen si existe un acompañamiento regular durante el desarrollo de la carrera de un oficial. “Nosotros sabemos que al ingresar les hacen un psicodiagnóstico para ver si están aptos, pero después... ¿les hacen un seguimiento? Yo creo que no. Es una creencia mía, no lo puedo confirmar”.

La conversación concluye, pero deja sobre la mesa una pregunta abierta: ¿están las fuerzas de seguridad suficientemente preparadas para garantizar la salud mental de sus miembros? Las palabras de Ortiz reflejan una urgencia que no puede esperar más, sobre todo en un contexto en el que el estrés y la exposición a situaciones de peligro no cesan.

Un hecho de sangre

El estremecedor mensaje de la mujer policía que mató a sus hijos en una vivienda de Juana Koslay, en San Luis: "No quiero que mis hijos sean una carga".

En el transcurso del fatídico 30 de septiembre de 2024, la subinspectora Marina Abigail Silva confesó haber asesinado a sus dos hijos, de 2 y 7 años, en su vivienda del barrio Los Fresnos.

 Todo comenzó alrededor de las 6:40 de la mañana, cuando la oficial, en medio de una situación desesperada marcada por deudas, ejecutó el doble homicidio y huyó en dirección al dique Cruz de Piedra. Antes de partir, dejó dos notas en la casa, en las que pedía que no ingresaran y que llamaran a la Policía. Además, envió un mensaje a su familia: "Perdónenme por lo que hice".

Los primeros informes indican que Marina, de 30 años, abrió la llave de gas en la habitación donde sus hijos dormían en una cama matrimonial, con la esperanza de somnolentarlos. Posteriormente, efectuó un disparo de prueba contra el colchón antes de apuntar su arma reglamentaria hacia los niños. Usó una almohada y una toalla para amortiguar el sonido de los disparos y les disparó a quemarropa: ambos pequeños murieron instantáneamente.

"Estaba hasta el cuello de deudas"

El padre de Marina reveló que su hija tenía serios problemas económicos. "Le saqué préstamos, le presté la tarjeta, estaba hasta el cuello de deudas", comentó. La hermana de la mujer, quien vivía en un departamento cercano, fue una de las primeras en llegar al lugar. Según su relato, al ver los mensajes en el grupo de WhatsApp familiar, se apresuró a abrir las ventanas y retirar la garrafa antes de pedir a los policías que ingresaran.

Poco antes de las 10, Silva fue localizada cerca del lago. La encontraron sentada en el suelo, con un arma al lado, llorando. Según el reporte policial, la mujer expresó que quería irse con sus hijos y su abuela, fallecida recientemente. Fue retenida y contenida en el lugar, y luego, trasladada a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia.

La subinspectora dejó una carta en la escena del crimen en la que asumía toda la responsabilidad. "No quiero que mis hijos sean una carga para nadie. Los amo tanto que quiero que estemos juntos", escribió. La fiscalía la imputó por homicidio doblemente calificado y la jueza Natalia Lazarte le dictó la prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Lo que surgía como trascendido el lunes en la escena del crimen finalmente se confirmó: Marina Abigail Silva tenía la clara intención de matar a Bautista Funes y Sofía Ojeda, sus hijos. Es que, además de darle a cada uno dos balazos, antes había abierto una garrafa y dejado que el gas del envase inundara la casa. La garrafa estaba en un pasillo que comunica el comedor con la habitación matrimonial, donde los menores estaban acostados en una cama de dos plazas.

Silva realizó cinco disparos con su arma reglamentaria, una Bersa 9 milímetros. “Aprovechó la somnolencia. Disparó al colchón para probar que el arma funcionaba. Luego, tomó una almohada y una toalla, y le dió dos disparos a cada uno”.

Los tiros fueron en la cabeza y en el pecho. Bautista murió por lesiones cerebropulmonares y Sofía, por lesiones cerebrocardiopulmonares. Silva no se animó a suicidarse.

Para la fiscalía, Marina Silva salió de la casa 36 de la manzana 7 del barrio Los Fresnos, en Juana Koslay, a las 6:40, luego de haber atentado contra sus hijos. Una cámara, ubicada a metros de la esquina de Los Eucaliptos y Los Liquidambar, la captó camino al dique Cruz de Piedra.

Fueron sus compañeros de la Comisaría 34 quienes la buscaban luego de la alerta que la propia Silva les envió al WIN de la seccional, quienes la encontraron y evitaron que atentara contra su vida.

Estaba en el perilago del dique Cruz de Piedra. “Vestida de negro, sentada con las piernas cruzadas, llorando, con una sábana blanca y con el arma reglamentaria tirada a su lado”, detalló la fiscal adjunta Antonella Romagnoli.

Fue una compañera de la seccional quien se le acercó, la abrazó y con su pie derecho retiró el arma del alcance de su mano. Silva solo les mencionaba que quería irse: “Quiero irme con mis hijos y mi abuela”.

Jonathan Edgar Funes, padre de Bautista, el niño de 2 años muerto, fue condenado por amenazas, lesiones leves y abuso de armas por un episodio violento ocurrido el 22 de julio de 2022. En ese momento, la mujer lo había denunciado por haberla atacado, justamente por motivos económicos.

Durante el juicio abreviado en el que Funes fue sentenciado a dos años de prisión en suspenso, se mencionó que el conflicto entre ambos comenzó cuando Funes intentó llevarse a su hijo en medio de una disputa familiar en la que el eje del conflicto era la toma de un préstamo para comprar un auto. En aquel momento, la situación económica ya era crítica para Silva, quien, según declaraciones recientes, mantenía deudas millonarias y tenía el sueldo embargado. A pesar de los esfuerzos de su familia por ayudarla, las deudas no dejaron de aumentar, generando un clima de constante tensión. 

El trágico desenlace de Silva, quien ha sido acusada del asesinato de sus hijos en un aparente intento de liberarlos de lo que consideraba una “carga económica”, arroja nueva luz sobre los problemas que ya enfrentaban como pareja. Diego Silva, padre de la suboficial, declaró que la suboficial había mencionado previamente sus dificultades financieras, aunque nunca imaginó que esas deudas llevarían a un crimen tan brutal.

Con deudas que ascendían a casi 7 millones de pesos, Silva dejó una carta donde responsabilizaba a su mal manejo financiero por la tragedia, eximiendo tanto a Funes como a su madre.

Además, El Diario consultó los registros de deuda de la mujer. Debía, al menos en blanco, casi 7 millones de pesos a empresas de microcréditos. Hace tres meses había adquirido obligaciones por más de $2 millones. Todo eso según la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.

Este sombrío entramado de violencia familiar y financiera muestra cómo las tensiones económicas pueden convertirse en detonantes de tragedias aún mayores. Mientras Funes, condenado por violencia de género, cumple con las medidas impuestas por la Justicia, el caso de Marina Silva sigue desnudando la desesperación que muchas veces subyace detrás de los conflictos familiares.