Hackeo al sistema de sueldos de la UNViMe: indagaron a la exfuncionaria, pero no declaró

La mañana de este jueves Claudia Grando, la exsecretaria de Hacienda de la Universidad Nacional de Villa Mercedes compareció a la audiencia indagatoria solicitada por el fiscal federal Federico Baquioni Zingaretti. La mujer es investigada por manipular el sistema de pago de haberes de la institución educativa para multiplicar 100 veces el valor de su sueldo, antes de dejar su cargo; aunque nunca llegó a cobrarlo. La exfuncionaria, amparada en su derecho a no declarar, decidió abstenerse de hablar en la indagatoria, sin que eso constituya en absoluto un elemento de prueba que la incrimine.

La investigación de Baquioni Zingaretti indica que el 31 de octubre de 2023, un par de días antes de la asunción de las nuevas autoridades, Grando habría modificado los parámetros de cálculo de los salarios básicos y de antigüedad del personal de la UNViMe. Según la hipótesis de la Fiscalía, la mujer se valió de su usuario y de los permisos que tenía como administradora para incrementar significativamente el monto de su sueldo, afectando la estabilidad del sistema de gestión.

A entender del fiscal, la exfuncionaria incurrió en los delitos de "Abuso de autoridad" y "Daño informático agravado". Las averiguaciones implicaron el secuestro y análisis de los aparatos informáticos de la imputada. El peritaje de los dispositivos estuvo a cargo del personal del Laboratorio de Análisis Técnico de Informática de la DATIP. Los expertos concluyeron que, desde el usuario de Grando, se había aumentado el sueldo básico hasta cien veces para la categoría 6.

Las pericias informáticas dieron cuenta también de que las modificaciones quedaron registradas en los sistemas de seguridad y fueron corregidas por otro usuario un mes después. La investigación incluye, además, las declaraciones de algunos empleados y una auditoría externa que confirmó las anomalías detectadas.

Baquioni Zingaretti entiende que esas actividades buscaban "generar caos administrativo". En el dictamen, en el que hizo el llamado a indagatoria, remarcó que el accionar de la imputada "afectó la integridad y disponibilidad del sistema de recursos humanos de la universidad", lo que comprometió la transparencia y dificultó la gestión en un período de transición.