La maquinaria de desprestigio gubernamental contra una trabajadora echada

En el paisaje político puntano, donde la calma aparente esconde una tormenta de descontento, el reciente episodio protagonizado por Camila Dautorio deja al descubierto, como nunca antes, las miserias de un gobierno que prefiere denigrar antes que escuchar.

La joven se animó a poner en palabras lo que muchos piensan y pocos se atreven a decirle al contador Poggi: “Hágase cargo”. Su reclamo, por haber sido despedida sin causa del Hospital Central “Ramón Carrillo” no pedía milagros ni discursos grandilocuentes, sino acción. Pero en lugar de respuestas, recibió la embestida de un aparato comunicacional diseñado para aplastar voces disidentes, a todo aquel que se le anime, como en este caso, a reclamarle al gobernador Claudio Poggi.
Lo que siguió, por supuesto con el aval del primer mandatario, es un manual de la vieja política, adaptado al mundo digital: la represalia fue descalificación personal, rumores sembrados en las redes sociales y el uso descarado de medios oficialistas (y los condicionados por la pauta publicitaria) como cajas de resonancia.

¿Cuál fue el pecado de Dautorio? Haber exhibido, frente a las cámaras y en plena plaza Pringles de San Luis, las persecuciones y el atropello que había sufrido en los últimos meses, que la habían echado injustamente y que la salud pública en San Luis se desmorona mientras el gobierno ofrece bonos forzados en vez de soluciones estructurales.

El aparato propagandístico y de destrucción que conforman Diego Masci (secretario de Comunicación), Daniel Miranda (director de El Chorrillero) Emanuel Moreno (El Puntano), Facundo Santarone (asesor de Poggi), Héctor Suárez, Daniel Poder y Emiliano Pascuarelli, entre otros, no tardó en reaccionar. Como un celoso guardián de la imagen del gobernador, “los impresentables y misógenos” (como los llaman en Terrazas) activaron la artillería pesada: un informe de recursos humanos pobremente armado, con membretes fotocopiados y dudosas firmas, se distribuyó con una celeridad que contrasta con la lentitud para resolver problemas reales.

¿Quién necesita médicos en el Carrillo cuando hay 9 mil millones de pesos disponibles para “cuidar” la imagen del mandatario?
La misoginia de la respuesta institucional es innegable. En lugar de debatir las carencias señaladas, se optó por atacar la vida personal de Dautorio, sugiriendo vínculos oscuros y lanzando insinuaciones que solo evidencian el nivel al que este gobierno está dispuesto a descender. La estrategia ofensiva, torpe y predecible, solo refuerza una verdad incómoda: en San Luis, criticar al poder no solo es un acto de valentía, sino una sentencia a la difamación pública.

“Lamento que el gobernador Poggi ante un reclamo justo que le hice salga a atacarme y a difamarme con todos sus agentes de propaganda”, expresó Camila Dautorio en una de las entrevistas radiales, que a la par de los ataques y agravios del poggismo, también recibió expresiones de aliento. “He tenido agradecimientos por hablar, por hacerme escuchar y ser la voz de otras personas” que son víctimas de este gobierno.

Meten miedo
El trasfondo de este episodio es aún más inquietante. A casi un año de gestión, el contador Poggi muestra un desgobierno preocupante, una administración más interesada en controlar narrativas, a generar negocios, que en resolver crisis. Salud, seguridad, presupuesto: los grandes temas siguen sin abordarse mientras las prioridades parecen enfocarse en mantener una ilusión de eficiencia que ya nadie compra.

San Luis no necesita que una carita invada las redes sociales, necesita soluciones, como por ejemplo acciones firmes para combatir la pobreza e indigencia.

Y, si el gobierno no está dispuesto a escucharlas, seguramente la ciudadanía seguirá alzando la voz. Aunque eso signifique enfrentar la maquinaria del desprestigio, de instalar el miedo y la censura.