Malestar en el campo por el fuerte aumento del Inmobiliario Rural

La voracidad recaudatoria del gobierno provincial parece no tener límites. Propietarios de establecimientos productivos recibieron boletas con el Impuesto Inmobiliario Rural, que, según las zonas, llegaron con aumentos que van desde el 350% al 500%.

Indignados por la sorpresa, representantes de entidades rurales y centros ganaderos de la provincia pidieron con urgencia una audiencia con el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, y a las autoridades de la Dirección Provincial de Rentas, en busca de atenuar el incremento desmedido.

La misiva está firmada por cinco sociedades: Rural Río Quinto, la del Norte de San Luis, la del Valle del Conlara, la del Rosario, la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract, y representantes de los 19 centros ganaderos de la provincia.

El malestar se enfoca principalmente contra el ministro Tromboto, de quien sospechan que sabía de este aumento, pero que lo ocultó en los encuentros que mantuvo recientemente con los presidentes de los gremios ruralistas.

“Por la presente le solicitamos una audiencia en carácter de urgente conjuntamente con las autoridades de Rentas de la Provincia, dado que los inmobiliarios rurales han sufrido un incremento según cada zona del 350% y más en la provincia”, dice el escueto mensaje.

Mientras tanto, la Sociedad Rural de San Luis, que preside Yeny Yurchag, no suscribió al pedido de audiencia y tampoco se pronunció sobre el tema.

El elevado reajuste tributario dispuesto por el gobierno provincial para el sector agropecuario llega luego de tres años seguidos de una sequía implacable y en la puerta de la salida de la emergencia agropecuaria, dispuesta por la gestión anterior para toda la provincia.

Por si fuera poco, las boletas llegan con promociones por pago contado, pero con vencimientos dos meses antes de lo que habitualmente se establecía cada año.

Intimaciones y amenazas

Las sorpresas impositivas no quedaron ahí. San Luis Agua envió intimaciones para el cobro de agua de uso ganadero a partir de los 2.500 litros horas de extracción, cuando la ley establece que los primeros 10 mil litros no se cobran si el destino es para consumo de animales. “Nos están enviando intimaciones con amenazas de acciones judiciales; cuando hace treinta años habíamos solucionado esta desigualdad, ahora vuelven a golpear el bolsillo del productor; volvemos a las viejas peleas”, expresó Hugo Díaz Flores, de la Sociedad Rural del Norte, con sede en Quines.

Redacción/MGE