Instituto de Seguridad: intiman a Educación por el inicio de clases

Subordinación y valor, dos conceptos que atraviesan la columna vertebral de quienes buscan su entrega en pos del orden y el cuidado de la comunidad. Esa vocación está truncada por capricho del gobernador cordobés, Claudio Poggi, quien dejó a aspirantes de policía sin la chance de arrancar sus estudios en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). En medio del silencio oficial, los damnificados —sofocados de tedio— intimaron al Ministerio de Educación para que "informe la fecha efectiva de inicio de clases". El defensor del Pueblo, Enrique Ponce, encabeza la medida.

La cartera a cargo de Guillermo Araujo tiene un plazo de 72 horas para responder la fecha de inicio de clases para los que buscan formarse en las carreras de Técnico Superior en Seguridad Pública, Técnico Superior en Seguridad Pública Orientada a la Formación de Agentes Penitenciarios, curso de Subayudante Penitenciario y curso de Agente de Policía. Si no hay novedades concretas, no descartan la posibilidad de iniciar acciones legales.

“El lunes hacen un acto dando inicio a la Escuela de Policía y los chicos no van a estar ahí”, lamentó Cinthia, mamá de dos jóvenes que completaron todas las pautas necesarias para arrancar la cursada este año, en diálogo con El Diario de la República. Pidió reserva de su identidad por temor a represalias.

De acuerdo a lo que comentó, los afectados se sometieron a estudios psicológicos y físicos, y rindieron materias complicadas, entre otras cuestiones. Cada familia invirtió más de 200 mil pesos en los exámenes de salud, mientras que otros sumaron gastos de cara a la preparación intelectual con profesores particulares. Todo fue echado a la basura por las autoridades, que, por meros resentimientos, se mofaron del esfuerzo de decenas de puntanas y puntanos.

“Habían cumplido con todos los requisitos, quedaban los quince días que tenían que pasar adentro y largaban. Hemos andado por todos lados buscando una solución, hablamos con Nancy Sosa (titular de la cartera de Seguridad) y no nos dio aliento. Nos dijo que todo era política, que estos chicos eran de otra gestión”, repudió.

Vale recordar que cada etapa efectuada por los aspirantes era eliminatoria, con lo cual acceder a los estudios es un derecho clave para los que concretaron satisfactoriamente todos los ciclos.

Racconto

Usualmente, quienes sueñan con vestir orgullosos el uniforme azul se preparan con antelación para poder acceder a la cursada. La previa es clave, porque se trata de una carrera minuciosa, que demanda aptitudes físicas, intelectuales y hasta psicológicas. Ese sendero fue transitado por más de un centenar de chicas y chicos, pero con el cambio de gestión, se cerró la chance de formación. Todo con excusas edilicias que solo afectan al primer año de estudio. Lamentablemente, varios tuvieron que tomar otros rumbos.

El 3 de enero, fue comunicada por el Gobierno la suspensión del ciclo lectivo. Más adelante, el 9 de enero, los damnificados manifestaron su repudio en Terrazas del Portezuelo y pidieron audiencia con Poggi.

Para el 16 de febrero, arrancó la primera jornada institucional en la sede del ISSP, pero para los ingresantes nada era lo que parecía. En ese mes se dejó sin efecto el llamado a 32 profesionales que habían pasado favorablemente los requisitos para dictar diferentes materias. El recorte recae en los aspirantes. Y la medida también afecta a la comunidad, que en medio de una crisis de inseguridad que se palpita en las calles, se queda sin una camada fundamental de egresados. El Estado es responsable.

El documento presentado al ministerio refleja que esta situación coloca a los afectados en incertidumbre y vulnerabilidad, con un impacto en sus derechos constitucionales, consagrados en el Artículo 14. “A los chicos les llegó un email donde indicaban que fueran a retirar sus estudios. Algunos vendieron sus motos para acceder al examen médico; se trata de jóvenes que están sin sus padres. Ahora fueron a decirles que retiren todo. Es reírse de la gente”, repudió Cinthia.

“El sacrificio es de los chicos, quienes se prepararon y pusieron su esmero. Pero para nosotros como madres y padres también es feo lo que pasa, porque vemos sus sueños truncados. Los hemos apoyado poniendo dinero, tiempo. Y ahora sucede esto”, agregó.

Para los gendarmes, sí

El grupo de perjudicados no logra comprender que se lleve a cabo un convenio oneroso con la Gendarmería —lo que indudablemente conllevará una inversión en infraestructura y gastos operacionales— y no estén dispuestos a darles el acceso a la formación profesional a los puntanos que buscan capacitarse en materia de seguridad.

En medios afines al oficialismo se publicó recientemente que el Gobernador firmará un convenio entre la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) y la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe). Los aspirantes cuestionaron: “¿Esas instalaciones tampoco son aptas para nosotros?”.

La gente seguirá de cerca las respuestas o la indiferencia del Gobierno.