Poggi, su familia y allegados, bajo la lupa

Mientras la inquietud en el ámbito político estaba focalizada en conocer cuál era el destino del gobernador Claudio Poggi en las minivacaciones que se tomó por “motivos personales”, las novedades sobre el avance de una denuncia judicial por presunto enriquecimiento ilícito en su contra le puso más intriga y misterio a su ausencia.

El nuevo episodio que copó la escena fue un paquete de medidas que ordenó el juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, para conocer más a fondo su patrimonio y, de igual modo, de su familia y entorno.

Las pruebas corresponden a la investigación que se abrió en 2021, a partir de llamativos datos del crecimiento de bienes de todo tipo que surgieron de las declaraciones juradas que presentó cuando asumió como diputado nacional y que son de exigencia de la Oficina Anticorrupción.

El abogado y dirigente político Gustavo Reviglio lo denunció porque al analizar esa documentación, le llamó la atención la facilidad con que la familia Poggi/Correa se ha hecho de numerosos bienes y por los montos irrisorios de compra que dejaron constancia de cada compra.

Las propiedades detalladas en esa Declaración Jurada están a nombre de Poggi y de su esposa Sandra Correa, y, según dejaron constancia, las adquirieron desde que él ingresó a la administración pública como “personal calificado”, allá por 1987, precisó Reviglio.

El detalle incluye una impresionante cadena de departamentos y otras propiedades “compradas a precios viles” en San Luis, Córdoba y Buenos Aires.

De igual modo, se detallan otras llamativas operaciones como la compra de Estampillas Escolares cuando era gobernador (2011/2015). Reviglio dijo que esto no era ético, porque sacando ventaja a la función “podía ahorrar en dólares sin comprar dólares”.

Otra de las operaciones que le llamó poderosamente la atención al denunciante fue “un departamento en Buenos Aires valuado en 250 mil dólares, pero que declaró que lo compraron a 50 mil pesos”. Asimismo, que “adquirieron en San Luis entre 14-15 o 16 departamentos a 200 mil pesos cuando todos saben que su valor es de 100 mil dólares. Y también, cocheras”.

Precisó las operaciones inmobiliarias que, figuran, se han extendido a Río Cuarto con la adquisición “a precio vil” de 10 o 12 departamentos en Río Cuarto. “Dicen que los compraron a 150 mil pesos, pero valen 150 mil dólares”, remarcó.

En el detalle de las propiedades que supuestamente tienen los Poggi/Correa aparecen una mansión en Alpa Corral “que vale un millón de dólares, aunque consta que pagaron 290 mil pesos”, y otros campos productivos en otras zonas cordobesas, como en Alcira Gigena.

Como una caja de Pandora

Los oficios que ordenó encaminar el juez Nacul, a instancia del fiscal federal Cristian Rachid, apuntan a dilucidar otras puntas misteriosas que han surgido en la marcha de la investigación.

Reviglio confió que se han enviado oficios a registros de la propiedad inmueble y del automotor de provincias vecinas, a Buenos Aires y del sur del país, a Comodoro Rivadavia en Chubut.

“Se ha abierto una madeja muy profunda que esperemos que la Justicia termine de investigar. Es sospechoso que una persona que empezó como empleado público calificado pueda comprar semejantes propiedades”, reflexionó.

Del entrecruzamiento de información que llegó a manos del titular del Tribunal Federal se habría determinado que “hay personas que serían testaferros de algunos negocios agropecuarios, incluso uno hotelero en la capital puntana, y en los que estarían vinculados altos funcionarios de su gestión anterior”.

Pero las sospechas van más allá. De esas alertas, algunas de la AFIP, se habría detectado que hay titularidad de propiedades urbanas y de campo en Chubut que deben ser investigadas. A la par, grandes extensiones de campo que tendrían yacimientos de petróleo y litio. Se interpreta que serían campos con algún tipo de yacimientos.

Lo que surja del ramillete de solicitudes de informes enviadas a las entidades nacionales se sumará a lo que develen otras disposiciones de la Justicia Federal. Se trata del levantamiento del secreto bancario y el pedido a la Escribanía de Gobierno de San Luis de la apertura de las declaraciones juradas lacradas.

“Esto es muy importante”. “Han liberado el secreto bancario para verificar si tenía el dinero suficiente para adquirir determinadas propiedades. Por ejemplo, declaró que compró un Ford Ka a 109 mil pesos y departamentos a 49 mil pesos. Necesariamente esa declaración desmonta una interpretación subjetiva”, reflexionó Reviglio.