Los jubilados docentes, dentro de los más afectados por el ajuste

Los jubilados docentes se encuentran dentro de los sectores más afectados por el brutal ajuste económico que atraviesan el país y la provincia. En San Luis, la situación es preocupante, algunos solo cobran por mes cifras muy bajas como $40.000, $80.000 o $140.000. Además, aseguran que la atención de Dosep es cuestionable y de baja calidad.

En los últimos ocho meses, el costo de vida se ha incrementado enormemente y la inflación interanual se calcula ya por encima del 270%, algo que se ve reflejado en las peripecias que deben hacer las personas para poder llegar a fin de mes. “Todos los docentes jubilados ya sufrimos una gran pérdida del poder adquisitivo, que venía desde 2023 con un 40%, aunque para mí es mucho más del 50%. Tuvimos que restringirnos y renunciar a muchas cosas que antes nos eran comunes. En mi caso, ya no tengo cable de televisión, solo pago una línea celular; en mi casa vivíamos seis y ahora solo dos, viajaba semanalmente a San Luis y ahora dejé de hacerlo, entre otras cosas”, contextualizó Elena Pastor, referente en Villa Mercedes y del Departamento Pedernera de la Asociación Jubilados Docentes de San Luis.

Sin duda los más complicados son aquellos educadores que iniciaron acciones judiciales hace años porque cuando les comenzaron a pagar las jubilaciones se las liquidaron mal, ya sea muy por debajo del 82% móvil que les correspondía o porque solo les habían tomado un solo cargo de los que tenían.

“Tienen los cobros congelados y cada vez que hay una actualización deben presentar, de nuevo, la documentación al Anses, que debe gestionar Capital Humano de la Provincia; es como si iniciaran un nuevo juicio cada vez, que hasta el año pasado era a los seis meses, ahora peor, porque es cada tres”, señaló Pastor y dijo que dentro de este grupo hay quienes cobran apenas $40.000, otros $80.000 o $140.000. Como si fuera poco, entre la dependencia provincial y la nacional no se ponen de acuerdo en los requisitos que les solicitan, lo que termina perjudicando enormemente la ejecución de los trámites.

La mujer, quien fue directora de escuela, diputada provincial y se jubiló como docente, dijo: “Si los que estamos un poco ‘mejor’, que nos hemos jubilado hace menos tiempo y sin juicios tuvimos una pérdida terrible de poder adquisitivo, imagínense esta gente, que está ganando menos que la mínima, algo que es ilegal e inconstitucional; muchos cobran por debajo de una pensión graciable con más de 30 años de aportes”, manifestó con indignación.

Pastor también fue muy crítica con la obra social del Estado provincial, que no trata como se merecen a los afiliados que ya no están en actividad laboral. “Si uno va y se sienta en las oficinas de Dosep puede ver cómo desfilan todos los enfermos oncológicos, diabéticos y con problemas cardíacos, entre otras enfermedades crónicas, para que les puedan dar los medicamentos. Tanto el auditor de remedios como el de prácticas especiales son de otras provincias y todo es muy engorroso”, expresó y añadió que no cuentan con los profesionales necesarios, y que algunos “te atienden como ganado”, por lo que se ven forzados a acudir a un servicio privado.

La referente aportó, a modo de ejemplo, la odisea que atraviesa Cristina Marchessi, una mujer que pertenece a la asociación y que debe ser atendida en Buenos Aires por un cáncer que le afecta a su cabeza, garganta y cuerdas vocales. La jubilada ya realizó tres rifas para poder pagar los costos del traslado que necesita de manera urgente. Vive con su hija separada y sus dos nietos, y no les alcanza. “A veces no comen. Nosotros estamos haciendo una canasta solidaria entre los demás jubilados para hacerles un aporte, pero ya realmente no nos alcanza y salimos a buscar ayuda a la comunidad porque solos no podemos”, contó la representante y explicó que para que le reconocieran la cirugía le tuvieron que dar personalmente una nota al Gobernador en un acto público; aunque no le dieron el traslado.