Ambientalistas informaron en la Legislatura sobre el impacto negativo del RIGI

El gobierno provincial sigue distanciándose de los puntanos con proyectos abusivos,  polémicos y que parecen exhibir poca utilidad directa para el ciudadano de a pie. Entre ellos está el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Estado nacional. Esta semana, la Agrupación de Asambleas Ambientales se reunió con diputados para informar sobre el impacto ambiental negativo en caso de implementarse en la geografía puntana. Sin embargo, el gobernador Claudio Poggi ya envió el proyecto de adhesión a la Legislatura.

Señalaron que diputados de la Comisión de Ambiente recibieron a activistas de distintas localidades, como San Francisco, Merlo o El Trapiche. Estos también solicitaron una audiencia con los senadores, pero no fue otorgada.

En la reunión transmitieron el impacto ambiental que se verificaría con la aplicación de la iniciativa y llevaron documentos e información. La campaña para oponerse al RIGI en la provincia ya cuenta con más de 10.500 firmas virtuales.

Los asambleístas advierten que el RIGI es una “ley madre” que le da la posibilidad al Estado central de derogar legislaciones locales para favorecer los intereses de empresas mineras trasnacionales. Señalan que la iniciativa ofrece “gigantescos beneficios fiscales” y al mismo tiempo no exige la presentación de estudios de impacto ambiental.

Un punto muy polémico es que incluso les da a las compañías la prioridad en la utilización de recursos como el agua. Por eso, alertaron que la implementación de esta norma puede implicar “graves delitos ambientales”.

Tampoco obliga a las empresas a la contratación de mano de obra o de proveedores locales, lo que proyecta a futuro beneficios económicos marginales y enormes pasivos ambientales.

Los ambientalistas subrayan que actualmente hay  proyectos mineros “latentes” en la provincia, como Condor Prospecting SA en la zona de Río Grande, Pampa Litio en Paso del Rey o el cateo El Totoral cerca de La Cobrera.

Los ambientalistas con los diputados provinciales. Foto: internet. 

Siempre a contramano

A pesar de la fuerte oposición al RIGI, Poggi ya envió el proyecto de adhesión a la Legislatura provincial. El mandatario dijo que la iniciativa puede ser una “nueva promoción industrial” y que San Luis “no puede quedarse afuera”.

“Hay que sacar la ley y tiene que abrirse el abanico de inversiones”, expresó el Gobernador, quien desde el principio se alineó al gobierno de Javier Milei en este punto, al brindar apoyo para que la legislación sea respaldada en el Congreso Nacional.

El RIGI constituye un incentivo aplicable a las “grandes inversiones” en proyectos de sectores como foresto-industrial, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. El Estado nacional les promete a los empresarios beneficios fiscales e impositivos por treinta años.