Ambientalistas exigen que la provincia no adhiera al RIGI

En alerta y expectantes. Asambleas conformadas por vecinos autoconvocados de San Luis buscan que la provincia no adhiera al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), un apartado de la Ley "Bases" aprobada por el Congreso Nacional. Para dejar de manifiesto su rechazo, han iniciado una campaña de recolección de firmas en la plataforma Change.org. Advierten que la implementación de esta norma puede implicar que empresas mineras cometan “graves delitos ambientales” en la provincia y que se perjudiquen de manera irremediable otras actividades económicas.   

“Exigimos a los diputados y senadores de San Luis el absoluto rechazo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), tal como está contemplado en la Ley 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos' (Ley 27.742)”, indicaron en el petitorio que fue publicado en la plataforma.  

“Solicitamos a los y las legisladores de nuestra provincia que reflexionen sobre la gran responsabilidad que tienen como funcionarios/as públicos de legislar para el bien común, el derecho a un ambiente sano, y la sustentabilidad e integridad de los ecosistemas naturales que permiten la vida para el presente y las futuras generaciones”, afirmaron y dijeron que en este punto “está en juego la subsistencia misma de las comunidades de San Luis, ya que pueden ser dañadas por las ambiciones de corporaciones extranjeras que solo buscan el lucro”.  

Los ambientalistas señalan que genera preocupación que se habiliten proyectos extractivos y de explotación que puedan dañar las Sierras Centrales de San Luis y las Sierras de los Comechingones, “perjudicando y contaminando irremediablemente otras actividades económicas como la agricultura, ganadería, turismo y la vida misma de las comunidades, ya que este régimen prioriza el uso del agua para las mineras otorgándoles prioridad por sobre las poblaciones”.

Indicaron que el agua procedente de los sistemas serranos es vital, ya que abastece al 85% de la población puntana y más del 90% de la actividad industrial en la provincia.

Además del probable daño ambiental, subrayan que el RIGI no dejará un beneficio económico. Indicaron que “destruirá” los mercados locales debido a que las corporaciones no están obligadas a contratar empresas ni mano de obra local. Dicen que tampoco las compañías tendrán que reinvertir lo que extraigan y exporten, y que todas estas licencias promoverán “la impunidad de las empresas frente a los delitos ambientales”. 

El RIGI, impulsado por el gobierno de Javier Milei, constituye un incentivo aplicable a las “grandes inversiones” en proyectos de sectores como  forestoindustrial, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. El Estado nacional les promete a los empresarios beneficios fiscales e impositivos por treinta años.