Advierten sobre la "trampa" que se esconde con la adhesión de San Luis al RIGI

Un proyecto que genera cada vez más rechazo y sorpresas negativas. Ambientalistas señalan que la adhesión de San Luis al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que promueve el gobernador Claudio Poggi, implica una “trampa”, ya que al darse este paso quedaría derogada toda legislación provincial o municipal que se oponga a los intereses de las empresas trasnacionales.

Los asambleístas señalan que en este punto, el RIGI actúa como una “ley madre” que prevalece sobre el resto de las disposiciones. Al mismo tiempo, ofrece “gigantescos beneficios fiscales” y no exige a las compañías la presentación de estudios de impacto ambiental. 

A través de este nuevo marco jurídico, el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones desplazaría la actual disposición provincial que actualmente impide la utilización de sustancias químicas tóxicas para la actividad minera.

La semana pasada, luego de enviar el proyecto de adhesión a la Legislatura puntana, Poggi dijo que el RIGI puede convertirse en una “segunda promoción industrial” para San Luis, aunque subrayó que la Provincia va a cuidar “a rajatabla” sus recursos naturales, que la Constitución establece son propiedades de las provincias.
Sin embargo, los activistas señalan que la norma que intenta aplicar el Estado nacional incluso les da a las compañías la prioridad en la utilización de recursos como el agua. Por eso alertaron que su implementación puede implicar “graves delitos ambientales”.

Tampoco obliga a las firmas a la contratación de mano de obra o de proveedores locales, lo que proyecta a futuro beneficios económicos delimitados y enormes pasivos ambientales.

La semana pasada, la Agrupación de Asambleas Ambientales se reunió con diputados para informar sobre el impacto ambiental negativo que tendría el RIGI en caso de implementarse en la geografía puntana. Además, llevaron documentos e información. Fueron recibidos por diputados provinciales de la Comisión de Ambiente.

La campaña para oponerse al RIGI en la provincia ya cuenta con más de 10.500 firmas virtuales.

El RIGI constituye un incentivo aplicable a las “grandes Inversiones” en proyectos de sectores como foresto-industrial, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. El Estado nacional les promete a los empresarios beneficios fiscales e impositivos por treinta años.