Prohíben a trapitos y manteros en Merlo

El Concejo Deliberante de la Villa de Merlo aprobó este jueves una ordenanza que prohíbe la actividad de trapitos, manteros y otras ocupaciones informales en el espacio público. Si bien la normativa se presenta como un avance hacia la formalización laboral, voces en disidencia, como la del dirigente y exconcejal Mariano Stinga, han señalado que esta medida es un ataque directo a quienes enfrentan la crisis económica buscando subsistir.

La ordenanza establece un registro para las personas que desempeñan estas actividades y promete capacitaciones y programas de inclusión laboral. Sin embargo, también introduce sanciones que incluyen multas y el decomiso de elementos utilizados para estas actividades. Esta última disposición ha sido duramente criticada por sectores de la oposición y organizaciones sociales, que la consideran punitiva y regresiva.

La normativa, que prohíbe la actividad de manteros y lavacoches, recibió el respaldo de cinco ediles: Patricia Morandé, María José Álvarez, Ángela Ventura, Jorge Cornejo y Ezequiel Cuello. Votaron en contra Gastón Fonseca, Daniel Orué, Ana Ferrarotti y Virginia Morales.

Según Stinga, la medida no solo carece de sensibilidad social, sino que también evidencia un desconocimiento de la realidad que atraviesan muchas familias en Merlo. “Prohibir y sancionar no es la solución para quienes, en medio de la crisis, buscan el sustento diario. Estas personas no necesitan castigos, necesitan políticas públicas efectivas que les permitan trabajar dignamente”, expresó.

El oficialismo, liderado por el intendente interino Leonardo Rodríguez, defendió la medida como un intento de “ordenar el espacio público y promover oportunidades laborales dignas”. No obstante, críticos como Daniel Orue, concejal del socialismo merlino, han denunciado que esta ordenanza es innecesaria, ya que existen normativas vigentes que regulan la actividad en la vía pública. Orue calificó la medida como un acto de demagogia y acusó al Ejecutivo municipal de utilizar este tipo de iniciativas para distraer la atención de los problemas reales que enfrenta Merlo, como el deterioro de los servicios públicos.

En este contexto, resulta difícil no percibir la ordenanza como un ejemplo de criminalización de la pobreza. Si bien el discurso oficial se centra en la promoción de alternativas laborales, el decomiso de herramientas y las sanciones económicas parecen enviar un mensaje contradictorio. En lugar de brindar soluciones integrales, la normativa refuerza la exclusión social de los sectores más vulnerables.

Por otro lado, los espacios destinados para la integración laboral, como el mercado de productores en la vieja terminal, permanecen vacíos y subutilizados, según denuncian los propios ediles opositores. Esto pone en evidencia la falta de gestión efectiva para aprovechar recursos ya existentes.