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El Gobierno prorrogó por un año la emergencia pública

Aducen dificultades económicas y financieras que se registraron a lo largo del 2024 y que se sostendrán en 2025. El gobernador firmó el decreto antes de irse de vacaciones.

Por redacción
| 03 de enero de 2025

Antes de irse de vacaciones, el gobernador Claudio Poggi prorrogó por el término de un año (desde el 18 de diciembre del 2024), la emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, sanitaria, alimentaria, educativa y de seguridad. Así, la gestión extiende las medidas que llevaron a la paralización de los salarios, de la obra pública y de otras acciones de recorte, despidos y persecuciones que impactaron de lleno en la comunidad puntana.

 


En las fundamentaciones del decreto, recordaron que la cuenta de inversión 2023 de la provincia registró un déficit. Apuntaron que ello generó repercusión y se trasladó al ejercicio 2024.

 


De esta manera, Poggi insiste en una mentira sustancial. El gobierno anterior (encabezado por Alberto Rodríguez Saá) le dejó los recursos necesarios para la continuidad de todas las políticas necesarias para la gestión. Solo por graficar, en diciembre del 2023, le dejaron un saldo de más de 100 mil millones, con una canasta en moneda extranjera. Esto quedó asentado a través de la programación financiera, que confirma que los datos son certeros y que después fueron corroborados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, lo que dejó en offside a Poggi y sus manifestaciones.

 


Por otra parte, mencionaron que con posterior a la declaración de la emergencia pública, ocurrieron circunstancias que agravaron el escenario. Justificaron que las jurisdicciones provinciales debieron asumir mayores erogaciones que no estaban previstas presupuestariamente, con motivo de la suspensión de las transferencias del estado nacional para la atención de determinados gastos como subsidios al transporte de pasajeros, a la conectividad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

 


En este sentido, señalaron que los recursos vinieron registrando una caída. Graficaron el periodo de agosto, que marcó una merma de los recursos por coparticipación y demás transferencias automáticas del orden del 18,92% interanual. En definitiva, la culpa siempre es de los otros.

 


Así, la situación económica y financiera de la provincia, evidencia la estructura de gastos que fue "transparentada" en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 20025, el cual arroja que dos tercios de los gastos lo representan tres conceptos: salarios y transferencias para salarios, transferencias automáticas-por coparticipación y al Poder Judicial-y planes sociales.

 

 

En otro orden, el decreto se basa en complicaciones de índole nacional, como la proyección de una pérdida de casi un punto porcentual respecto de la distribución de los recursos entre el estado nacional y el conjunto de las provincias. Incluso subrayaron que para este año, se percibirá un importe menor en concepto de coparticipación y demás transferencias automáticas.

 

 


También tomaron cuenta de la pérdida del poder adquisitivo que no solo repercute en las finanzas provinciales, sino también en las familias -exteriorizado en los niveles de pobreza e indigencia- lo que tiene como consecuencia desde la óptica estrictamente financiera y provincial, la necesidad de mayor atención en determinados segmentos, que redunda en mayores costos (salud, educación, asistencia social).

 

 

Sobre el cierre de los considerando, el decreto expone que la situación de crisis económica y financiera persiste en la actualidad y avizora su continuidad, al menos, durante el próximo ejercicio (2025).

 

 

De esta manera, el Gobierno tiene vía libre para dar continuidad a las disposiciones de ajuste, que tienen sus consecuencias en un único segmento: los puntanos. La emergencia es sinónimo de sueldos licuados, obras públicas paralizadas, recortes en los gastos más importantes para la provincia.

 

 

Un ejemplo concreto y fresco de los daños ocasionados por el freno a la obra pública, es la falta de agua de calidad que están padeciendo los pobladores de El Volcán. Por la no realización de una conexión de 1500 metros entre la planta potabilizadora de esa comuna y el Acueducto La Florida 2, impide que puedan recibir agua de mejor calidad proveniente de ese dique y no desde “La Estrechura” que cuesta mucho potabilizar. 

 

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