Desapareció una cosecha millonaria de un campo expropiado por el gobierno de San Luis

El caso es un verdadero escándalo por donde se lo mire. Aunque la Justicia tendrá que determinar las maniobras, al menos hay fuertísimas sospechas de corrupción. Hay pruebas que aportan datos claves, como un audio que compromete seriamente el asunto. El culebrón abarca a funcionarios provinciales y judiciales. Más allá de cualquier apreciación, hay un dato sumamente objetivo: nadie sabe dónde están los más de 2 millones de dólares en concepto de la cosecha de un campo que meses atrás expropió el Gobierno. No hay rendición del monto.

El caso

El campo en cuestión, El Caburé, de unas 2 mil hectáreas, está ubicado en el departamento Pedernera, en la ruta 27, kilómetro 144, al sur provincial, casi pegado a  las tierras ranqueles. En abril del año pasado, fue expropiado por la actual gestión provincial. El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, fue quien encabezó los trámites de rigor en el lugar. 

Según el Gobierno, el dueño, Daniel Lucero, había incurrido en una serie de incumplimientos que ameritaban la expropiación. En el medio, los productores que trabajaban las tierras, de apellidos Ingaramo y Baira, quedaron rehenes del verticalismo oficial. El abogado representante de Ingaramo, es Alejandro René Viano y a su socio, Pascual Celdrán.

Viano asegura que la documentación pertinente y los procesos correspondientes para establecerse en esas hectáreas estaban en regla, incluso señala que el desalojo fue "ilegal". Pero esa cuestión, aunque importante, se desdibuja frente un hecho aún más brutal que mancha de corrupción al Gobierno. El destino de una cosecha millonaria. 

Ingaramo reclama por el maíz que estaba listo para cosechar. De acuerdo a referencias que el letrado compartió en una entrevista con Raquel Gurruchaga, en FM La Nuestra de Villa Mercedes, funcionarios habrían efectuado maniobras para quedarse con dinero producto de la venta del maíz. Ese reportaje fue reproducido este jueves, en el programa "Imperdible" de FM Lafinur.

Lo curioso es que en medio de la actuación de Bazla, no hubo oficialización de los procesos en el sistema de trámites, no hay ningún mapa oficial que registre los movimientos del maíz. No hay documento que certifique que el dinero ingresó a las arcas estatales, con lo cual su destino es incierto. Y bajo el aparente aval de Fiscalía de Estado y el Ministerio de Gobierno, habrían buscado asesores para sacar el maíz evitando cartas de porte (un documento legal que actúa como un contrato de transporte). Es decir, el Gobierno tendría que haber declarado que iba a transportar una cierta cantidad de maíz, pero se desarrolló bajo maniobras dudosas.

Un audio clave, una piedra en el zapato

Ya se viralizó un audio donde habla un "asesor", que sería hermano de un ministro del Gobierno, relacionado con la venta de maíz. Según la reconstrucción de los hechos y las propias declaraciones que se escuchan en el material, la persona en cuestión da sugerencias para sacar el maíz "en negro", sin dejar huellas que develen el acto corrupto.

"La otra es venderlo a un productor directo como maíz partido, procesado. Hay que ver cómo se pone ese maíz. Está en el campo y bueno, lo vendemos como maíz partido, procesado. Acá un feedlot te lo compra. Lo tiene que comprar un tipo que no esté inscripto porque un inscripto te va a pedir carta de porte y lo va a liquidar él. Pero con una carta de porte, lo tenés que tener declarado. Tenés que ver cómo queda registrado, cómo podemos hacer que quede registrado, porque a nosotros nos deben estar mirando de todos lados cómo actuamos, y somos diferentes a ellos obviamente. Porque hay que ver cómo lo implementamos contablemente", remarca el "asesor" en un mensaje que habla por sí mismo. 

"Me parece perfecto, hay que venderlo a eso. Te va a dar un buen aire, oxígeno", agrega en lo que parece una conjetura sobre las abultadas ganancias que iba a dejar la operación irregular. 

Una teoría indica que se buscó a una persona de la zona, más precisamente de La Pampa, para hacer la cosecha. A cambio, habría recibido un porcentaje de lo que había para cosechar.

En voz del abogado

Alejandro René Viano ya había sido contundente meses atrás, cuando se desató el escándalo de la expropiación. "Esto fue un robo. Los funcionarios pasarán a una cuestión penal y cada uno se hará responsable", manifestó en diálogo con Raquel Gurruchaga.

Describió que aunque estaban ante un momento delicado, en la parte civil se encontraban en una instancia favorable. Ya que en lo que respecta a los papeles del campo, todo indica que "no hay problemas" y que la operación de expropiación fue al menos arbitraria. "Queda claro que lo que hizo la provincia fue una usurpación", apuntó.

"Nos imputaron de usurpación a nosotros en una especie de chicana para que todo el mundo mire a otro lado y se queden con el maíz. Sabemos quién lo cosechó, a quién se lo vendieron, sabemos lo que rindió. Y, lamentablemente, eso es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Hay gente del Poder Judicial involucrada, funcionarios. En algún momento tienen que hacer las cosas como corresponde", pronunció y lamentó el "arrebato de las garantías constitucionales".

Una fuente judicial le confió a El Diario de la República que uno de los productores perjudicados denunció "por el robo de la cosecha valuada en más de 2 millones de dólares a Bazla, a un tal Amondarain y a un empresario conocido con el apodo de "Pancho" que compró el maíz. Han presentado documentación y otras pruebas".

Por lo pronto, el silencio oficial aturde. Y la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión del gobierno provincial a cargo de Bazla, que debe bregar por la transparencia, irrumpe en un silencio cómplice.