Videla retrocede y vetaría la tasa de seguridad tras la presión vecinal

El intendente Jorge “Toti” Videla anunció que la llamada “tasa por prevención de la inseguridad” no sólo no será aplicada, sino que será directamente vetada. El giro se produjo después del rechazo público de vecinos de Juana Koslay, que cuestionaron la medida y su relación con un posible anticipo de privatización o delegación de funciones propias del Estado provincial.

Videla intentó despegar la decisión municipal de cualquier ensayo piloto impulsado desde el gobierno central, a pesar de que la propuesta coincidía con el rumbo de otras iniciativas que ya comenzaron a explorarse en San Luis. “No somos policía”, dijo, en un mensaje que buscó marcar frontera política y administrativa, aun cuando el sistema de cámaras, motos y monitoreo municipal anticipa un modelo de vigilancia híbrida sostenida con fondos locales.

El intendente atribuyó la iniciativa original a la “necesidad de financiar” el funcionamiento completo del centro de monitoreo, cuyo costo reconoció en torno a los 70 u 80 millones de pesos mensuales. Sostuvo que la caída de la coparticipación nacional –que cifró en 35%– trastocó las cuentas municipales y llevó al equipo de Hacienda a analizar una fuente extra de financiamiento. Sin embargo, el razonamiento económico no borró la lectura política: la marcha atrás llega luego del choque con un sector del electorado que, hasta ahora, había acompañado la continuidad de su gestión.

El jefe comunal negó que la tasa fuera una prueba piloto de futuros modelos de seguridad por fuera del control estatal. “Olvidate, eso no existe”, afirmó, y aseguró que el municipio seguirá sosteniendo el sistema actual, aunque con limitaciones operativas y menores recursos humanos. En la práctica, la señal fue clara: el centro de monitoreo seguirá, pero el costo político de trasladar su financiamiento a los contribuyentes fue demasiado alto.

La gestión buscará, según prometió, “otra forma” de sostener la estructura, aun cuando las dudas persisten sobre su alcance real y sobre el punto exacto donde se traza la línea entre prevención y función policial. Videla eligió preservar su capital político y frenar el daño antes de que el conflicto se trasladara a un plano provincial más visible. El episodio deja una conclusión inmediata: el debate por la seguridad local se reabrirá tarde o temprano, con otro nombre, otro formato o nuevas justificaciones, pero ya no podrá avanzar sin costo político.