La vara alta de Bullrich frente al espejo: denuncias y contradicciones

Son conocidas suficientemente la falta de coherencia política de la ministra Patricia Bullrich, ya que, desde la juventud peronista y su vinculación con Montoneros durante la década del 70, pasó en la década del 80 a militar en el peronismo renovador. Luego a través de un partido que fundo se integró a la Alianza UCR -Frepaso y fue ministra de Fernando de la Rúa.

Se sumó a la Coalición Cívica en el 2003, se acercó al PRO en el 2010, Participó de JUNTOS POR EL CAMBIO en el 2015 y fue ministra durante la gestión de Macri siendo parte del PRO, hasta abandonarlo cuando fue designada ministra de Seguridad del actual gobierno. Pero a los periodistas que la interrogan les cuesta cuestionar sus habituales mentiras, sus confusiones y las marchas y contramarchas que resultan habituales en ellas.

Cuando Patricia Bullrich afirmó que su espacio político tiene la “vara alta en materia de corrupción”, buscó instalar una diferencia tajante con gobiernos anteriores y con la política tradicional argentina. Pero un repaso de la historia reciente —y no tan reciente— demuestra que esa vara, lejos de estar en lo alto, tropieza con denuncias, causas judiciales y escándalos que comprometen tanto al expresidente Mauricio Macri, a varios de sus funcionarios, y que alcanzan también a figuras centrales del actual gobierno de Javier Milei. Y lo mejor es señalar algunos ejemplos de esa vara que exhibe.

Causa por contrabando

En 1991, el juez federal Jorge Urso procesó a Mauricio y Franco Macri en la llamada “Causa SEVEL”, por contrabando agravado de autopartes y vehículos. La investigación reveló que la empresa importaba piezas para ensamblar automóviles en Uruguay y luego reexportarlos a la Argentina con beneficios arancelarios indebidos.

En 2001, la Cámara de Casación Penal confirmó el procesamiento, aunque finalmente, en 2002, la Corte Suprema —entonces dominada por la llamada “mayoría automática”— dictó el sobreseimiento.

El fallo dejó una marca política: Macri había sido procesado en una de las causas de contrabando más grandes de la historia. El fallo fue dividido y los tres ministros mas respetados de la Corte fallaron por confirmar la autoría del delito: Augusto César Belluscio, Carlos Fayt y Enrique Petrachi

Estatización de deudas privadas

Otro capítulo controvertido se remonta a la dictadura cívico-militar.

En noviembre de 1982, el ministro de Economía Domingo Cavallo estatizó deudas privadas en dólares por más de 17.000 millones. Entre los grupos beneficiados estaba Socma, la empresa de la familia Macri, que trasladó parte de sus pasivos al Estado.

Pero no solo se trató de un beneficio estatal cuestionable, sino que se probó la existencia de deudas ficticias transferidas al Estado lo que significaba un fraude.

Ese rescate financiero es recordado como un punto de inflexión: la sociedad cargó con deudas de conglomerados privados, y Macri construyó su imperio económico con esa ventaja estructural.

La presidencia de Macri

Ya en la Casa Rosada, Mauricio Macri fue investigado en varias causas de espionaje ilegal, entre ellas el caso del ARA San Juan y escuchas a dirigentes opositores y propios. Aunque muchas investigaciones terminaron en sobreseimientos, el volumen de denuncias debilitó cualquier pretensión de superioridad ética.   

La deuda como eje. Sturzenegger, Caputo, Quintana, Bausili                        

El antecedente del Megacanje de 2001

Federico Sturzenegger, economista estrella del PRO y hoy asesor clave de Javier Milei, fue procesado en la causa del Megacanje de 2001, operación por la cual se reestructuró deuda externa a tasas más altas, aumentando en 55.000 millones de dólares el costo total de la misma conforme el peritaje que se hizo en el Tribunal.

Aunque la causa judicial se cerró años más tarde, la Auditoría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción señalaron que esa operación resultó ruinosa para el Estado. A pesar de que el Fiscal Federal Federico Delgado imputó a los responsables, la justicia resolvió mirar para otro lado como siempre ocurre en las causas que tienen a ciertos personajes vinculados al mundo financiero, que gozan de una impunidad estructural.

El Banco Central y la fuga de divisas

Sturzenegger fue presidente del BCRA entre 2015 y 2018. En ese período, el endeudamiento externo y la liberalización financiera habilitaron una fuga de capitales de más de 45.000 millones de dólares, según datos oficiales.

El fenómeno fue tan marcado que el propio FMI reconoció que el préstamo récord de 57.000 millones se utilizó principalmente para financiar la salida de divisas.

Imputaciones del fiscal Delgado

El fiscal federal Federico Delgado impulsó investigaciones contra exfuncionarios por presuntos delitos vinculados al manejo de deuda. Incansablemente trabajo para responsabilizar a estos personajes, estrellándose con las formalidades de un tribunal, que se negaba a ir mas allá en estas causas de gran repercusión pública.

• Luis “Toto” Caputo, ministro de Finanzas, fue señalado por conflictos de intereses al haber administrado fondos de inversión que luego adquirieron deuda emitida por su gestión. A esto se suma, el haber probado sobre sociedades off shore vinculadas a él que había negado.
• Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central bajo Milei, fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública: había cobrado honorarios del Deutsche Bank, entidad que luego colocó bonos argentinos. Aunque la Cámara Federal revoco su procesamiento, Casación decidió reabrir la causa.
• Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, fue imputado por posibles incompatibilidades entre su rol y sus vínculos con el fondo Pegasus, y la compra de títulos de la deuda pública teniendo información privilegiada.

La fuga de capitales en tiempo de Cambiemos

Según un informe del BCRA, entre 2016 y 2019 se fugaron 86.200 millones de dólares. El 1% de las empresas concentró el 25% de esa fuga. El mecanismo fue claro: endeudamiento externo, ingreso de dólares, venta al mercado local, fuga y pago de intereses.

Ese ciclo no solo vació las reservas, sino que mostró un patrón de políticas orientadas a beneficiar a grandes grupos, mientras se cargaba a la sociedad con la deuda resultante.

El escándalo de la criptomoneda $LIBRA

En 2024, el presidente Javier Milei promocionó públicamente la criptomoneda $LIBRA, presentada como una herramienta de inversión. La operatoria se transformó en un fraude: miles de pequeños ahorristas denunciaron pérdidas y la justicia abrió causas por estafa y asociación ilícita.

Lo inédito fue que un presidente en funciones usara su figura pública para respaldar un instrumento privado altamente riesgoso.

El episodio puso en cuestión los estándares de transparencia y responsabilidad del actual oficialismo.

Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem y los audios de la corrupción

En 2025, grabaciones filtradas y testimonios de exfuncionarios señalaron presuntas maniobras de recaudación irregular vinculadas a contrataciones públicas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Los nombres de Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia, y de su operador político Eduardo “Lule” Menem aparecen mencionados en las denuncias. Aunque la justicia aún no dictó resoluciones firmes, las sospechas golpean el corazón del poder presidencial y exponen contradicciones con la idea de “vara alta”.

Entre los discursos y la realidad

La historia reciente muestra que la vara en materia de corrupción no ha estado particularmente alta en los espacios políticos que hoy la proclaman, y lo enfatiza mentirosamente la ministra Bullrich, cuyo discurso, aparece más como un recurso retórico que como una realidad verificable.

En la Argentina, la corrupción no distingue partidos, pero la credibilidad política exige coherencia: no se puede predicar una vara alta mientras se acumulan expedientes, imputaciones y sospechas en los propios. Hasta que no se asuma esa contradicción, la ética pública seguirá siendo un slogan de campaña y no una práctica efectiva. Lo que ocurre hoy con el diputado Espert es una evidencia más del comportamiento de estos dirigentes, que encubren sus actividades ilegales con discursos altisonantes, que muestran ese doble estándar que siempre utilizan, donde siempre los corruptos siempre son los otros.

Que Javier Milei respalde a José Luis Espert es simplemente absurdo. No por la coincidencia política, sino por los circunstancias que debería explicar y no lo hace. Milei tiene como abogado a Francisco Oneto, conocido por haber defendido al narcotraficante Fred Machado, quien interpuso todo tipo de chicanas jurídicas para evitar la extradición de su defendido, y esa relación  hace que  afirme estar “satisfecho” con las explicaciones de Espert, que carecen de fundamento y no responden a las críticas sobre conflictos de interés ni a la gravedad de esa vinculación legal, además de las falacias del contenido de una aclaración que no fue espontanea sino que leyó, como si le hubieran preparado un libreto.

Este respaldo no es un gesto estratégico; es una señal de desdén por la coherencia y la transparencia. La combinación de un abogado cuestionado, justificaciones débiles y complacencia pública convierte lo que podría ser una alianza política en un espectáculo que roza lo ridículo y lo escandaloso. En términos claros: más que sumar credibilidad, Milei y Espert evidencian que sus explicaciones no resisten el mínimo análisis crítico.