Una estafa por más de $300 millones y una condena simbólica: “Esto es la crisis judicial"

La resolución judicial que benefició a cuatro imputados oriundos de Mendoza con la suspensión del juicio a prueba en una causa por estafa millonaria encendió la indignación del abogado querellante, Miguel Ángel Martínez Petricca. La causa involucra a las firmas San Luis Feria SRL y Agropecuaria San Pedro, que denunciaron ser víctimas de un esquema de fraude mediante la compra y no pago de decenas de lotes de ganado, por un monto que supera los 300 millones de pesos.

Los principales acusados son dos hombres de apellido Palumbo y los hijos de uno de ellos, quienes, según la pericia contable, realizaron más de 30 operaciones comerciales antes de dejar de pagar y vaciar deliberadamente la empresa. A pesar de la contundencia de las pruebas, el juzgado resolvió aplicar una probation que impone dos años y medio de sanción teórica, tareas comunitarias de limpieza en una iglesia mendocina y el pago de 50 millones de pesos en concepto de resarcimiento.

“Es una verdadera equivocación con el debido respeto que merecen las autoridades judiciales y el Ministerio Público. Esto demuestra la vulnerabilidad que tiene el sistema judicial en San Luis”, sostuvo Martínez Petricca, quien representa a las empresas damnificadas junto al abogado José Daniel Macías.
 

Para el letrado, la resolución desconoce las pericias contables que acreditan la maniobra fraudulenta y las múltiples operaciones que derivaron en la estafa. “No se trata de una compra aislada, fueron más de veinte en un caso y treinta en otro. Hay continuidad delictiva, reiteración y perjuicio comprobado”, enfatizó.

El abogado recordó que en el expediente se verificaron informes del Senasa, facturas, guías de traslado y registros impositivos que respaldan la acusación. “No hace falta ser abogado para entenderlo: alguien que debe más de 300 millones y ofrece pagar 50 está reconociendo la deuda, pero pretende escapar de la sanción penal”, explicó.

Martínez Petricca no ocultó su frustración profesional: “Es desalentador ver cómo la Justicia prioriza los argumentos de la defensa sobre las pruebas documentales. La sensación de impotencia es enorme. Estamos frente a una cultura de impunidad que erosiona la confianza en las instituciones”.

El fallo, dictado por la jueza Dopazo Samper, será apelado ante el tribunal de impugnación. La querella busca revertir la probation y que se imponga una pena de prisión efectiva en el marco del artículo 172 del Código Penal, que prevé hasta seis años de cárcel por estafa.

Pero más allá de este caso, el abogado situó su crítica en un contexto mayor: la crisis estructural del Poder Judicial provincial. “San Luis es hoy uno de los poderes judiciales peor remunerados del país. No hay recursos humanos suficientes, los tiempos procesales no se cumplen y encima se quiere reducir la feria judicial como si eso resolviera algo. Es una falta de respeto al sentido común y a los ciudadanos”, apuntó.

En la entrevista, Martínez Petricca recordó que el Superior Tribunal de Justicia ya había solicitado una reestructuración presupuestaria para evitar el colapso operativo, pero nunca obtuvo respuesta. “Reducir veinte días de feria no va a acelerar los juicios. Tenemos causas de 2024 que recién fijan fecha para 2026. Es ridículo”, advirtió.

Con más de cuatro décadas de ejercicio profesional, el abogado resumió su postura con crudeza: “El garantismo fue necesario en tiempos en que se violaban los derechos humanos. Pero hoy la regla general debe ser la aplicación firme de la ley. Cuando los autores de un delito se vacían de bienes, se van de la provincia y ofrecen limosnas a cambio de impunidad, el sistema pierde legitimidad”.

Para Martínez Petricca, el caso de la estafa ganadera es “una muestra concreta de la crisis institucional” que atraviesa la Justicia puntana. “Dos medianos productores fueron arruinados y todavía esperan una respuesta. Si esto no genera un debate serio sobre cómo funciona el Poder Judicial, no sé qué lo hará”, concluyó.