Celdrán afirmó que el fiscal de Estado adjunto admitió la desaparición del maíz

Pascual Celdrán, representante legal de los herederos del campo "El Caburé" (situado en Batavia), dijo en declaraciones radiales que el Gobierno provincial, a través del fiscal de Estado adjunto Rafael Berruezo, reconoció expresamente la sustracción del maíz cosechado en esas tierras mientras estaban bajo control oficial. “Tal cual usted lo dice, no hay mucho más que agregar. El Gobierno, a través del fiscal adjunto, reconoce que se sustrajo el maíz. Eso está claro, también lo reconocieron en una denuncia que ellos mismos le hacen de manera extemporánea a Darío Oviedo Helfenberg”, sostuvo el letrado en declaraciones con FM Lafinur.

Para Celdrán, esa denuncia oficial es, en sí misma, una admisión de responsabilidad. “Están reconociendo que el maíz desapareció por parte del Gobierno de la provincia de San Luis”, afirmó. Explicó que el Ejecutivo intenta ahora “deslindar culpas hacia terceras líneas del Gobierno” para dejar expuesta solo a una persona, cuando —según su planteo— la maniobra contó con autorización del entonces fiscal de Estado, quien permitió la firma de convenios y la extracción del cereal.

El abogado calificó la estrategia del Ejecutivo como “infantil” y una “burla a la sociedad y a la Justicia”. Dijo que se trató de un plan cuidadosamente armado para apropiarse de una cosecha de gran valor, que fue vendida de manera irregular. “Fue un plan pergeñado minuciosamente para obtener un beneficio económico gigante. Los sacaron del campo cuando el maíz estaba listo para cosechar, lo cosecharon, lo vendieron, lo transportaron ilegalmente... todo un plan maquinado”, aseguró.

Según Celdrán, el fiscal de Estado de entonces, Víctor Andrés Endeiza, también está denunciado por haber autorizado los convenios de cosecha y transporte. En la presentación judicial, se señala a Oviedo, Diego Amondaraín, Francisco Anselmi y Ricardo André Bazla como partícipes de la extracción, el traslado y la venta del maíz “sin autorización previa, sin expediente, sin cartas de porte y simulando operaciones en negro como si fuera maíz partido”.

El querellante sostuvo que el Gobierno conocía las irregularidades “desde el momento en que despidieron a Oviedo” y, aun así, omitieron denunciarlo, lo que constituye otro delito. “Si supieron en ese momento que había manejos irregulares, tendrían que haberlo denunciado. Esperaron que se armara el lío mediático y judicial para recién ahí presentar una denuncia y deslindar responsabilidad”, señaló.

También reveló que, tras hacerse pública la denuncia, el Gobierno habría intentado justificar el destino del cereal alegando que fue donado a productores, pero que esa explicación “no los exime de responsabilidad” porque implicaría “otro delito”. Aseguró que se trata de “actos desesperados” para cubrir las huellas de la maniobra.

“Imagínese usted pensar que un funcionario puede sustraer solo dos mil hectáreas de maíz... es casi una broma”, ironizó. Dijo que existen videos, actas de contratación y testimonios de vecinos que registraron movimientos de camiones durante la noche. “Si ellos tuvieran una explicación, ya la habrían dado. Lo más fácil sería decir que esto es una denuncia inventada, pero no pueden explicar dónde está el maíz”, afirmó.

Celdrán insistió en que los delitos configurados son hurto calificado, peculado, evasión fiscal, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, entre otros. Además, mencionó que parte del cereal habría cruzado fronteras provinciales hacia Mendoza y La Pampa, lo que podría configurar contrabando.

Sobre el avance de la causa, el abogado advirtió que la investigación dependerá de la independencia de los fiscales. “Si la justicia funciona, va a haber un juicio oral. Si está subsumida al poder político, esto va a quedar en la nada. Espero que me sorprendan gratamente”, expresó.

Finalmente, denunció que tras haber informado la existencia de comunicaciones entre Oviedo y el fiscal de Estado, el Gobierno firmó un pacto de confidencialidad para impedir su uso como prueba. “Ese pacto no es oponible en una causa penal. Puede servir para ocultar actos de gobernación, pero no hechos ilícitos”, aclaró.

“Yo sé que han cometido el delito, que está claro, que no tienen explicación ni descargo. Si la justicia funciona, esto tiene que llegar a un debate oral y haber condenas”, cerró el abogado, en un tono desafiante hacia las autoridades provinciales.