En una sesión tensa, aprobaron el recorte de la feria judicial

En una sesión escandalosa que mostró la intención del Gobierno provincial de arrasar con todo lo que impida llevar adelante sus propósitos, la Legislatura Provincial aprobó la reducción de la feria judicial, una normativa que perjudicará al funcionamiento de Tribunales, que generó el rechazo de todos los actores del sistema de administración de justicia y que se convirtió en un capricho personal del gobernador Claudio Poggi.

Las intenciones de desoír cualquier expresión contraria a sus deseos quedó expuesta por parte del oficialismo provincial cuando en el inicio de la sesión le impidió la permanencia en el recinto a un grupo de abogados que había llegado para presenciar el acto y manifestar su disconformismo con la norma. El mismo grupo de profesionales fue el responsable hace unos días de retrasar la sanción de la ley.

La jornada en la Legislatura estuvo cargada de tensión, con discusiones en la sala y en las tribunas, que terminaron con el desalojo de solo una porción del público. Ni los legisladores, ni la Policía ni los emisarios del Poder Ejecutivo Provincial parecieron advertir lo cercano que estuvo la sesión de convertirse en una escalada de violencia.

La presión ejercida por Poggi y todo su aparato de poder solo fue suficiente para que los legisladores adictos levantaran la mano a favor de un proyecto que es rechazado por abogados, jueces y empleados judiciales y que mantiene en la más supina indiferencia a la sociedad, preocupada por otros problemas más urgentes.

Eso pese a que Poggi en sus últimas declaraciones públicas trató de involucrar al ciudadano común en una disputa que, aunque lo tiene como objeto central, nunca tuvo al tiempo que dura la feria judicial como prioridad, escondida detrás de la necesidad de llegar a fin de mes y de conseguir algún aumento en sus sueldos.

A poco de sancionada la nueva ley que dispondrá un nuevo sistema en las licencias del personal judicial y, según los especialistas, solo colaborará a que la demora sea más evidente, las exclamaciones de rechazo a la sanción se hicieron oír. "Es una medida que se tomó contra la opinión de los conocedores naturales del funcionamiento del poder judicial”, dijo Lucrecia San Emeterio, una de las abogadas que se oponía a la reforma.

La letrada dijo que la medida no hará mas que profundizar la mora, “tan  usada como bandera para esta conjura”. Y señaló de manera particular el trabajo de los diputados que son abogados, a quienes acusó de actuar en contra de los derechos de sus colegas.

Los abogados anunciaron que iniciarán todas las acciones que judicialmente estén habilitadas para evidenciar la inconstitucionalidad de la norma.