Diputados poggistas protegen a Bazla en medio del escándalo de corrupción

El caso El Caburé ha desatado un verdadero culebrón. Para dimensionar, el Gobierno expropió un campo que ya estaba sembrado. Y bajo su tutela, "desapareció" la cosecha de maíz. Se trata de una maniobra que habría implicado una ganancia de 2 millones de dólares. Para sacar lo producido, se necesitaron más de 500 camiones. Nadie sabe nada, no hay mapa que indique qué pasó con el dinero y, fundamentalmente, hay un silencio oficial que aturde.

Aunque la cadena de responsabilidades es amplia, uno de los principales sospechados (y denunciados) es Ricardo André Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión. En ese sentido, se presentó en la Cámara de Diputados un pedido de interpelación para esclarecer el asunto, pero los legisladores del poggismo y sus aliados "blindaron" al funcionario e impidieron el tratamiento sobre tablas.

La presentación

El autor del pedido de interpelación es el diputado justicialista, Federico Berardo. Durante su intervención en la Cámara Baja, fue contundente. Mencionó que lo que pasó con El Caburé fue objetivamente un hecho de corrupción y aseveró que "no hay dudas" de ello. Incluso remarcó que el propio Gobierno ampara esta cuestión, ya que alegan que desafectaron a un funcionario por maniobras en este sentido.

Pero el problema clave es lo que pasa con Bazla. Para entender, se confirmó un hecho de corrupción en el propio Gobierno, echaron a un funcionario y la secretaría de Bazla, que tiene la función de bregar por la transparencia estatal, no ha emitido una sola explicación del asunto.
"Al funcionario lo echaron el 3 de junio. ¿Qué pasó desde esa fecha hasta ahora que no dijeron una sola palabra? ¿Qué le pasa a Bazla? ¿Qué rol cumple? Son 2 millones de dólares. No sabemos dónde está la cosecha y quieren culpar al gobierno anterior para tapar algo", manifestó.

"¿Qué tranquilidad tenemos hoy de que no se están robando millones de dólares en Sol Puntano o en el Gobierno? Si tienen un secretario de Ética que no dice nada y se la quiere jugar de víctima. En el objetivo de su función, dice que debe procurar vigencia de valores, principios fundamentales para un gobierno (...) ¿Me están cargando? Que venga el secretario, se siente y nos dé explicaciones", agregó.

En el cierre de su alocución, remarcó que mientras la gestión provincial advierte constantemente que no hay plata, por otro lado "se roban 2 millones de dólares" y nadie dice nada.

"Atento a la transparencia, le pido a los legisladores que me acompañen, especialmente a los de Villa Mercedes, porque han sido víctimas de la inoperancia, de la falta de transparencia de este hombre. Va a ser una manera de limpiar su propio nombre", concluyó.

Finalmente, por mayoría del poggismo y sus aliados, no prosperó el abordaje y lo pasaron a Comisión de Asuntos Constitucionales.

Bazla y un manto de oscuridad que requiere respuestas

¿Cómo desaparecen de la noche a la mañana casi 2 mil hectáreas de maíz? Venderlo y obtener ganancias por 2 millones de dólares (en negro), sin dejar huellas, es una operación que requiere una cadena de funciones muy puntuales, donde cada estructura de maniobras encaja perfectamente, como un engranaje de corrupción.

Un polémico audio que circuló en las redes, devela una suerte de plan donde se dan instrucciones para "desaparecer" el maíz y generar "aire", o en otros términos, muchos billetes verdes. Esa siniestra charla, es atribuida a Diego Amondarain (hermano del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain) y Ricardo André Bazla.

Pero un eslabón clave en la trama es la maniobra que se atribuye al propio Bazla y un exintegrante del Tribunal Contralor Municipal de Villa Mercedes: el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, es el que firma el contrato de levantamiento de la cosecha de granos con un ruralista: Francisco Anselmi.

El documento fue firmado el 24 de julio del 2024, es decir tres meses después de la expropiación por parte del gobierno del gobernador Claudio Poggi, del establecimiento “El Caburé” ubicado en la ruta provincial 27 KM 144.

La “desaparición de la cosecha” y los más de 2 millones de dólares que se desconoce dónde fueron a parar (en el sistema contable y de movimiento administrativo del gobierno no habría registros) han impulsado acciones judiciales que han sido presentadas por los productores que se sienten afectados.

Habrá que ver cómo prosigue la investigación. Por lo pronto, lo concreto es que hay un caso de corrupción en el Gobierno y las autoridades no han dado explicaciones claras que limpien su "buen nombre y honor", como acostumbran a enunciar los denunciadores seriales.