En la misma semana, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; el jefe de Policía, Pablo Vieytes; y los medios del aparato oficial apuntaron contra la Justicia con denuncias mediáticas de Sosa, críticas de Vieytes a la labor de fiscales y jueces, y denuncias penales que —con un esfuerzo narrativo destacable— salpican al Tribunal Superior de Justicia.
Los otrora pregoneros del cambio y del respeto a la división de poderes ya se cargaron al procurador general, un cargo vacante tras la renuncia de Luis Martínez, y para el que un ladero de Vieytes, Rafael Berruezo, ya se prueba el traje. Y van por más. En la misma semana, el portal digital que se le atribuye al titular del Ejecutivo provincial publicó dos notas ilustradas con sendos montajes de fotos tipo carnet de todos los jueces de Garantía y fiscales de instrucción. ¿Se habrá molestado de igual manera el titular del Juzgado de Garantías 4, que, ante el clic de un fotógrafo de El Diario en los pasillos de Tribunales, mandó a llamar la atención del cronista gráfico?
Mientras tanto, vecinos de la ciudad y de otras localidades de la provincia acuden a la prensa para canalizar sus miedos y reclamos. “Nos caminan todas las noches por los techos. Yo ya no duermo de noche mirando las cámaras. Sabemos, y en la comisaría saben, quiénes son. Pero nadie hace nada, se tiran la pelota y nosotros quedamos en el medio”, le dijo un vecino a un cronista de este medio.
Así está el panorama actual. De cara a las elecciones, el Gobierno busca despegarse de la principal preocupación de los puntanos. El Ejecutivo intenta responsabilizar a la Justicia —el poder que debe castigar y penar a quienes incumplen la ley— por lo que sucede a toda hora en las calles de San Luis, tarea que es exclusiva del propio Ejecutivo.


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