¿Para quiénes legislan los concejales de Merlo?

Patricia Morandé y María José Alvarez miran a la cámara, pero en realidad miran al periodista que está detrás de ella. Le dicen que no puede transmitir en vivo la sesión que está a punto de comenzar en el Concejo Deliberante de Merlo, un recinto siempre caliente, siempre polémico, siempre en debate. 

Patricia y Maria José son la presidenta y la vice del cuerpo legislativo. Responden al intendente interino Leonardo Rodríguez aunque en realidad su jefe político, al que siguen con obstinada ceguera, es el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, intendente electo de la ciudad, pero funcionario abandónico ante la oferta de un mejor puesto. María José es hermana de Juan.

Ya hay en la olla política de Merlo quienes huelen que las dos concejalas tienen la intención de desgastar al bueno de Rodríguez. Todavía se preguntan, por ejemplo, qué hacían las funcionarias en una conferencia de prensa a la que llamó el intendente meses atrás para aclarar la denuncia de una pareja de artesanos que dijo que empleados municipales les pegaron y les sacaron sus cosas.

Para dar a conocer sus versiones de los hechos, Morandé y Álvarez necesitaron los micrófonos de los medios merlinos. Si transmitían en vivo aquella reunión de prensa, mejor. Ahora no. Lo que se dijo en la sesión sobre el tratamiento que la Municipalidad merlina hace sobre los desmontes ilegales en una zona protegida explica el intento de censura. “El proyecto presentado por el Ejecutivo es un papelón”, dijo el activista Mario Nicoletti para empezar su exposición en Banca Ciudadana. Siguió con frases como “Nos estamos suicidando como comunidad”. Las razones de la dupla censora parecen evidentes. 

Patricia y María José miran la cámara y le hablan al periodista Jorge Luna, quien tiene el tino de no apagar su teléfono, por más que se lo pidan. A la primera negativa, la hermana del ministro parece ceder a las presiones, aunque disconforme. La presidenta la mira, también disconforme, pero con el rápido abandono de Alvarez. Entonces la vicepresidenta sigue con su embate. Llama por el nombre de pila a Luna, en un intento de mostrarse cercana. Es obvio, Luna cubre hace 16 años las sesiones en el concejo y nunca le pidieron nada semejante. 

No se lo pidieron, posiblemente, porque los argumentos de las concejalas oficialistas eran tan absurdas como inocuas. Primero, porque la banca del vecino es un acto público y libre, como lo son el edificio donde sucedió la intentona y todo lo que ocurre en el recinto. Y segundo, aún más importante, porque el Concejo Deliberante de Merlo y cualquier organismo oficial legisla para sus empleados no para los agentes externos.

El reglamento que invocan las funcionarias tiene alcance interno, sobre todo si se refiere al trabajo de la prensa. La norma está hecha para que los empleados del Concejo la obedezcan, no alguien que va a hacer su trabajo, como Luna la semana pasada. Eso quiere decir que el organismo tiene todo el derecho de grabar las sesiones y no transmitirlas en vivo, como hace; pero de ninguna manera tiene injerencia sobre las acciones de los periodistas que cubren su accionar. De eso se trata la libertad de expresión.