Parálisis legislativa: el oficialismo apaga el recinto con una resolución administrativa

El presidente de la Cámara de Diputados, Ramón Alberto Leyes, alineado con el poggismo, dispuso la suspensión “por tiempo indefinido” de toda actividad legislativa en el recinto oficial. La resolución 05‑PCD‑2025, firmada este lunes, argumenta la necesidad de restaurar los cielorrasos del salón de sesiones, pero no brinda plazos ni espacios alternativos y contraviene expresamente el artículo 117 de la Constitución de San Luis, que establece que ambas Cámaras “empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente” y que “ninguna de ellas puede suspenderlas por más de tres días hábiles sin el consentimiento de la otra”.

Según el expediente administrativo, los trabajos de reparación se iniciaron en octubre del año pasado mediante contratación directa amparada en una supuesta emergencia y autorizada por el decreto provincial N° 2444‑MHIP‑2025. A pesar de tratarse de un procedimiento directo —que en teoría debería haberse resuelto de inmediato—, seis meses después no se abrió licitación pública, no se difundió ningún cronograma y el costo estimado supera los 100 millones de pesos. Según algunas versiones la obra podría extenderse por más de tres meses. La falta de transparencia en la contratación, a cargo de la empresa M.C. Servicios S.R.L., alimenta sospechas sobre la verdadera magnitud de la obra y su conveniencia política.

Hasta el 31 de marzo pasado la Cámara ya había permanecido paralizada durante cuatro meses. Muchos se preguntan: ¿Por qué no se realizaron dichas tareas en ese plazo? Tras retomar la actividad legislativa, hace apenas tres semanas, los andamios y herramientas de “gran porte” se fundaron pretexto para cerrar el recinto. El contraste resulta más llamativo si se considera que, en ese breve lapso, el oficialismo había tratado únicamente iniciativas de agenda ejecutiva, y quedó pendiente el debate sobre los pedidos de informe por el PANE, además de otros reclamos.

La oposición denunció la maniobra como un claro intento de desactivar proyectos incómodos. “Cierran la Cámara como si fuera un depósito que se inunda”, reprochó una diputada no oficialista, quien reclamó la habilitación de un salón alternativo o la instalación de una carpa para sostener el debate. “En cuanto se trata de un crédito millonario para el gobernador, seguro encuentran un lugar”, ironizó otro legislador.

Los gremios también advirtieron que la parálisis coincide con una creciente tensión social y sindical, y rechazaron la idea de que los reparos técnicos justifiquen el silencio parlamentario. La ausencia de detalles financieros y la negativa a difundir el decreto original del Ministerio de Infraestructura profundizan la sensación de que la urgencia constructiva oculta un interés político por sofocar la voz de la disidencia.

En los pasillos vacíos del Palacio Legislativo resuena ahora una pregunta inquietante: más allá de los cielorrasos por reparar, ¿qué debate quiso silenciar realmente el poggismo?