El Gobierno niega sobreprecios en PAMI y lanza reparto de pañales tras las denuncias

El Gobierno Nacional oficializó un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio para los afiliados del PAMI, eliminando intermediarios y asegurando un ahorro de 5.000 millones de pesos anuales. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, en la que además negó las denuncias por sobreprecios y cobros indebidos en la obra social.

“Va a ser un servicio directo, domiciliario y con productos de mayor calidad, gracias a una licitación pública que redujo costos y eliminó negocios espurios”, afirmó Adorni. También señaló que el nuevo esquema busca evitar la reventa ilegal de productos, como se venía denunciando en plataformas como Marketplace.

El portavoz se mostró enfático al rechazar las acusaciones de corrupción dirigidas al actual oficialismo. “No solo se robaban la comida de los pobres, también los pañales de los adultos mayores”, lanzó. Y, sin nombrar sectores políticos en particular, sugirió que las críticas forman parte de un “clima de campaña electoral” con noticias falsas y operaciones mediáticas.

Adorni responsabilizó a un grupo de empresas proveedoras por haber intentado boicotear la nueva licitación. “Se coordinaron para no participar del proceso. Es una conducta anticompetitiva que afecta directamente el derecho de los afiliados a recibir un mejor servicio”, denunció. Aseguró que, en contraste, el actual sistema se diseñó con estándares de calidad revisados por ANMAT y bajo estrictas normas de transparencia.

Según explicó, hubo intentos anteriores de implementar una licitación similar durante los años 2017 y 2018, pero fracasaron porque no hubo oferentes. “Lo que está pasando ahora es que ciertos empresarios, acostumbrados a arreglos con la vieja política, no quieren que esto funcione. Pero eso se terminó”, sentenció.

El vocero también apuntó contra los medios que, según sus palabras, “publican denuncias falsas con mala intención”. Por último, reiteró que el Gobierno está dispuesto a someterse a auditorías y colaborar con la Justicia. “No tenemos nada que ocultar. El país cambió, y con él se terminó la lógica de los vivos que hacen negocios con los más vulnerables”, concluyó.