“El Oso” y los hermanos Porras seguirán presos por vender droga y usar a una menor

Una organización que operaba desde un kiosco en el barrio Plan Lote Eva Perón y que, según la Justicia Federal, llegó a mover más de 10 millones de pesos en solo un mes, continuará bajo investigación con sus principales acusados detenidos. El juez federal Juan Carlos Nacul resolvió este jueves extender por 60 días la prisión preventiva de Héctor “El Oso” Frías y de los hermanos Fabián Maximiliano y Brisa de los Ángeles Porras, imputados por comercio de estupefacientes, doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por el uso de una menor de edad, conforme al artículo 5°, inciso C y 11, incisos 1 y 3 de la Ley 23.737.

La causa está bajo la órbita del Juzgado Federal de Villa Mercedes y, desde el comienzo, generó preocupación entre los investigadores por la estructura y el volumen de dinero que manejaban los imputados. Frías, apodado “El Oso”, es sindicado como el jefe del kiosco narco. Según la acusación, no solo lideraba las operaciones, sino que habría instruido y utilizado a una menor para realizar entregas de droga y cobrar el dinero de las transacciones.

El operativo que derivó en la detención de los tres se realizó en marzo, tras varios meses de vigilancia y seguimientos a cargo de fuerzas federales. El kiosco, ubicado en una esquina del Plan Lote Eva Perón, funcionaba con fachada de comercio legal, pero las cámaras ocultas y las intervenciones telefónicas revelaron que en realidad era un punto fijo de venta de cocaína y marihuana al menudeo.

“En un solo mes, detectamos ingresos por más de 10 millones de pesos. Es un flujo que excede ampliamente lo que se puede esperar de un simple punto de narcomenudeo”, explicaron fuentes judiciales. Esa capacidad económica, según los fiscales, representa además un riesgo latente de fuga. “Tienen recursos suficientes como para salir de la provincia sin dificultad y fugarse del accionar de la Justicia”, advirtieron durante la audiencia de revisión de la preventiva.

La solicitud del Ministerio Público Fiscal fue clara: pedían una prórroga de 90 días de la detención preventiva, amparados en la necesidad de completar medidas de prueba y en la sospecha firme de que hay más personas involucradas en la red de comercialización. Incluso se deslizó que podrían haber existido vínculos con otras bandas en barrios cercanos, aunque eso aún no fue formalmente incorporado a la causa.

Las defensas de Frías y de los hermanos Porras, en cambio, plantearon que la prórroga era desmedida y reclamaron que se evalúen medidas coercitivas alternativas, como el arresto domiciliario con tobillera electrónica. “Están colaborando con la investigación, no hay elementos que indiquen riesgo procesal si permanecen en libertad”, insistieron los abogados.

El juez Nacul optó por un punto intermedio: rechazó la prórroga de 90 días que pedían los fiscales, pero resolvió mantenerlos detenidos por 60 días más. “Si hacen falta más días para completar la investigación, en otra audiencia veremos si corresponde”, sostuvo el magistrado, dejando abierta la posibilidad de una nueva extensión si la causa no avanza a tiempo.

Una estructura organizada
Desde el inicio, la investigación dejó en evidencia que la modalidad operativa iba más allá de la venta callejera. La participación de una menor de edad no fue circunstancial: para los fiscales, era parte del engranaje cotidiano. “La instruían, la enviaban a hacer entregas, incluso cobraba el dinero. Fue deliberado, sostenido en el tiempo y sistemático”, detallaron.

El agravante por la intervención de tres o más personas, contemplado en el artículo 11 inciso 3 de la ley de drogas, también es un elemento que eleva la pena esperada. En caso de ser hallados culpables, los tres enfrentan penas que van desde los 6 a los 20 años de prisión efectiva.

A eso se suma la calificación por la utilización de una persona menor de edad en la actividad delictiva, una figura especialmente gravosa por el impacto social que representa. No solo se trata de una forma de explotación, sino también de una herramienta para eludir controles: los investigadores sospechan que Frías usaba a la menor para evitar allanamientos y requisitorias policiales en la vía pública.

¿Hay más implicados?
En la audiencia celebrada este jueves, una frase del fiscal llamó la atención: “Todavía no hemos terminado de reconstruir la totalidad de los vínculos. Hay elementos que indican que no operaban solos”. Esa afirmación deja abierta la puerta a una segunda etapa de la causa, con posibles nuevos imputados.

La Fiscalía no descarta ampliar la investigación hacia otros puntos de venta que podrían estar asociados al mismo grupo. En ese contexto, la detención prolongada de los tres acusados cobra otro valor: evita que puedan contactar a posibles cómplices o destruir pruebas clave.

Por ahora, Frías y los hermanos Porras seguirán tras las rejas. El kiosco narco ya no está operativo, pero el expediente sigue sumando evidencia. Y lo que empezó como un simple caso de narcomenudeo podría terminar exponiendo una estructura mayor y más compleja de lo que se pensaba.