Apertura de Jury: suspendieron a la fiscal Daniela Torres

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de San Luis dispuso iniciar un proceso de investigación (admitir la formación de causa) contra la fiscal de Instrucción N° 2 de Villa Mercedes, Daniela Torres, y, en tanto se extienda el proceso, fue suspendida en sus funciones.

La denuncia que complica a la funcionaria es porque fue acusada por quedarse con dinero de un allanamiento.

La resolución fue firmada por Jorge Alberto Levingston, Sandra Elizabeth Piguillem, Gimena Ramírez Couto, Mauricio Secundino Daract, Ernesto Álvaro Rodríguez y el diputado Carlos Roberto Pereira (Cambia San Luis).

Se le inició el Jury por los cuestionamientos que recibió en su intervención en la causa caratulada: “Juzg. de Garantía Nº 2 de la 2º C.J. remite oficio relacionado CPD 30816/11 en autos: Garantía 2 – Sosa Facundo Josué – Rodríguez Manuel Alejandro- hurto y robo con arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada en concurso real (PEX N°393082/24 – Fiscalía 2)”.

Además de admitir la formación de causa, el Jury dispuso la suspensión de la doctora Torres en sus funciones, inter dure el juicio, con derecho a percibir el cincuenta por ciento (50%) de su remuneración y le corrió vista del expediente al Acusador por el término de siete días.

El caso del Jury

Todo habría comenzado el 16 de octubre cuando el juez, Matias Farinazzo, le pidió a Torres que devolviera un dinero que había sido incautado en un allanamiento. Tras esto, apartaron a la funcionaria de la causa.

Y, después de muchas idas y vueltas, se logró que la fiscal devuelva el dinero que pertenecía a la madre de los investigados Sosa y Rodríguez. Pero en vez de reintegrar la totalidad, los $473.020 que exigía María Lorena Rodríguez, a sus manos sólo llegaron $455.000.

Otra acusación

El 2024 no fue un año bueno para la doctora Torres, ya que además de los criticas que recibió por su intervención en el mencionado caso, también fue cuestionado por quienes pidieron que investiguen al intendente villamercedino Maximiliano Frontera por el delito de “Administración Fraudulenta”. A la funcionaria la acusaron ante la Procuración General por inacción debido a que la causa, mientras estuvo en su jurisdicción, sufrió una notable de parálisis y durante un buen tiempo durmió en su escritorio.