Crisis institucional en la Policía: sospechas de corrupción y silencio oficial

La Policía de San Luis atraviesa una crisis institucional de magnitud, marcada por internas, malestar en la tropa y crecientes sospechas de corrupción que involucran a altos mandos. En ese contexto, la renuncia del jefe de la fuerza, Pablo Alejandro Vieytes, fue confirmada ayer de manera extraoficial y se convirtió en el dato más contundente de un conflicto que el gobierno provincial intenta silenciar.

El foco está puesto en la Oficina de Previsional, que gestiona retiros y jubilaciones del personal policial y penitenciario. Allí se habrían aprobado beneficios extraordinarios para agentes que no cumplían funciones operativas reales, lo que habría inflado sus haberes al momento del retiro. Las maniobras, de comprobarse, podrían constituir un fraude al Estado nacional mediante el uso de documentación pública alterada o falsificada.

Según trascendidos, estas irregularidades habrían sido posibles por la intervención de sectores de Recursos Humanos de la Policía y áreas administrativas de Hacienda. Algunas fuentes internas señalan incluso que los retiros eran “dibujados” para beneficiar a ciertos agentes, en una práctica que se habría sostenido durante años sin control efectivo.

La situación escaló cuando dos efectivos recientemente desplazados habrían brindado información clave, y desde el Ministerio de Seguridad se intentó contener el impacto político mediante una denuncia que pusiera a Vieytes como parte denunciante, y no como involucrado. Sin embargo, la presión interna fue creciendo y la salida del jefe policial se terminó oficializando de hecho, aunque aún no se haya comunicado formalmente.

El hermetismo del gobierno es total. Ni la ministra Nancy Sosa ni el gobernador Claudio Poggi hicieron declaraciones, mientras que desde la Secretaría de Comunicación se implementó un esquema para bloquear la difusión de información. La prensa oficialista guarda silencio, y otros medios locales estarían bajo presión para no amplificar el escándalo.

Mientras tanto, dentro de la institución reina el malestar. Se habla de acomodos, persecuciones internas y falta de conducción política. La renuncia de Vieytes no resolvió el fondo del conflicto: para muchos, apenas fue una válvula de escape ante la gravedad de lo que podría salir a la luz si se investigara a fondo.

El gobierno provincial enfrenta una encrucijada. Mientras intenta contener el impacto institucional, la desconfianza dentro de la fuerza y en amplios sectores de la sociedad va en aumento. Y aunque por ahora la estrategia es el silencio, la profundidad del conflicto amenaza con desbordar cualquier intento de control.