PANE: desde el gobierno apuntan al municipio de San Luis por las intoxicaciones

La investigación judicial por las intoxicaciones que sufrieron decenas de chicos en escuelas públicas de San Luis dio un giro clave esta semana. La Justicia tomó declaración a padres, docentes y funcionarios, y la primera señal de quiebre llegó desde dentro del propio programa alimentario: la subdirectora del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE) responsabilizó directamente a la gestión del intendente Gastón Hissa por no controlar la calidad de los alimentos.

Según consignó el portal El Mosquito Puntano, María Eugenia Buteler, subdirectora del programa, declaró que “el control de las cocinas y los proveedores era responsabilidad de Bromatología municipal, pero nunca se hicieron correctamente”. Con esa frase, dejó al descubierto la falta de protocolos y la desidia del área que depende directamente del Ejecutivo capitalino. Buteler, declaró que la responsabilidad del control sanitario de los alimentos recaía en el área de Bromatología de la Municipalidad de San Luis, es decir, en la gestión de Hissa. "No había un protocolo específico. El control de las cocinas y los proveedores de las escuelas correspondía a Bromatología, pero nunca se hicieron correctamente", señaló ante la Justicia.

Las intoxicaciones se produjeron en al menos dos escuelas, La Rioja y Pancha Hernández, donde los alumnos presentaron vómitos, diarreas y malestar general tras consumir los alimentos entregados por el programa. Padres y docentes declararon ante la Fiscalía que ya habían elevado quejas antes del episodio, pero nunca obtuvieron respuestas.

Lo más grave es que mientras las denuncias crecen, la Municipalidad de San Luis y el Concejo Deliberante siguen sin presentarse ante la Justicia. En el caso del Concejo, la omisión es doblemente alarmante: hace más de un año, ediles de la oposición (justicialismo) habían presentado un pedido de informes por la mala calidad de la comida, que fue cajoneado por el bloque oficialista (poggismo y aliados).

En los tribunales, la causa avanza con múltiples denuncias presentadas por familias, organizaciones sociales y legisladores. El foco ya no está sólo en los proveedores, sino en los funcionarios que ignoraron las advertencias. La salud de los chicos estuvo en riesgo, y el silencio del intendente ya empieza a pesar más que cualquier excusa.

"La cocina de Trombotto": tufo a corrupción

La semana pasada se conoció un hecho gravísimo que derivo en otra presentación judicial en torno a la implementación del PANE, ante la sospecha del accionar delictivo de una presunta "Asociación Ilícita".

Se trata del hallazgo de una cocina donde se preparan las viandas del PANE que está ubicada en la esquina de las calles San Juan y Esteban Adaro en la capital puntana, que es propiedad del ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto (uno de los máximos colaboradores del gobernador Claudio Poggi).

Según comentan los vecinos de los barrios Pueblo Nuevo y Nacional Evita, la cara visible de la cocina es un tal "Oliva". Todo los caminos indican que este emprendedor sería César Oliva, uno de los funcionarios de extrema confianza de Trombotto y que es uno de los que digitan la elección de los proveedores del PANE y por ende, del manejo de los 30 mil millones de presupuesto que tiene asignado este programa.

Es decir que todos los hechos que van surgiendo indican que se estaría ante un caso escandaloso de un manejo irregular y fraudulento del plan alimentario  y de sus 30 mil millones de pesos. 

El pedido de investigación que hicieron en la Unidad de Abordaje Fiscal los diputados Sonia Delarco, Federico Berardo y Silvia Sosa Araujo (bloque justicialista) también alcanza a Víctor Daniel Boiero (Director de Fiscalización y Control-presidente de Sol Puntano), Eugenia Gallardo (Secretaria de Estado del PANE), Guillermo Araujo (Ministro de Educación) y Ricardo Bazla (Secretario de Ética Pública-garante de la transparencia y la ética en el Gobierno).

Los legisladores recurrieron a la Justicia "en relación a las recientes investigaciones en torno a la irregularidad de las contrataciones y la posible participación de funcionarios del Gobierno en dichas contrataciones, claro, en beneficio personal".