Embustes, embates y un títere incondicional en la Liga de la Justicia

Como nunca antes en un año y medio de gestión, el Gobierno Provincial tuvo a su alcance la oportunidad de poner en hechos lo que promulga en palabras. El discurso de constitucionalidad, de respeto a las instituciones, de limpieza de la democracia que Claudio Poggi trató de imponer en campaña y en declaraciones pomposas quedó trizado y pisoteado ante la primera chance de refrendarlo. 

La postulación del fiscal de estado Víctor Endeiza para ocupar el rol que dejó vacante la renunciante Cecilia Chada -envuelta en un escándalo de proporciones sustanciales- en el Superior Tribunal de Justicia fue la confirmación de que Poggi endulza un relato que no tiene sustento a la hora de los hechos. El candidato a ocupar la alta magistratura es uno de los funcionarios de mayor confianza personal del primer mandatario y un defensor a ultranza de cualquier actividad oficial, incluso las que están rondando la corrupción.

No oculta Poggi su obsesión de reformar el funcionamiento judicial con la intención ya no solapada de convivir con jueces adictos, cercanos y amigos. Todo lo que cuestionó de la gestión anterior, aunque ahora con la perversión de estar disfrazada de angelical y justiciera depuración.

A finales de febrero de 2022, el ahora gobernador –por entonces un aspirante sin ocultamientos a la gobernación- se presentó en Terrazas del Portezuelo como un paladín de la Justicia para impugnar la candidatura de Eduardo Mones Ruiz –por entonces un desabrido vicegobernador de la provincia- al Superior Tribunal. El barbijo obligatorio en plena pandemia le daba al cordobés el aire de superhéroe enmascarado que tanto le gusta. A su lado iba Ricardo Endeiza, primo de Víctor, y actual vicegobernador de la provincia. Los caminos de la vida no son lo que imaginaban.

Por entonces, Poggi decía que un dirigente miembro del gabinete metido en el tribunal mayor no será “independiente ni imparcial”. El actual fiscal de Estado cumple a la perfección todos los elementos que su jefe impugnaba.

El primer paso para el desembarco de Avanzar San Luis -en cualquiera de sus formas- en la Justicia es el arribo de Endeiza, un funcionario que penduló entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo según su conveniencia y según las indicaciones de Poggi, su jefe político. Víctor, miembro de una familia que tiene más integrantes adentro que afuera del gabinete provincial, es el fusible perfecto para que el gobernador empiece con su sueño de manejar a su gusto y antojo las sentencias judiciales.

En realidad, el propuesto para ser parte de la Corte provincial empezó con su tarea de intromisión en la Justicia desde que asumió como fiscal de Estado, en su segunda participación en un gabinete comandado por Claudio Poggi. Desde las sombras de Terrazas del Portezuelo, Endeiza fue el operador oculto de las acciones que le valieron las renuncias al procurador general de la provincia, Luis Martínez, y más recientemente a Chada.

El plan de desgaste estuvo urdido con la torpeza con la que se maneja el gobierno pero también con la impunidad que dan los votos. Una de las demostraciones más evidentes es que el puesto que dejó Martínez estuvo vacante desde febrero y el Gobierno Provincial recién se acordó que tenía que cubrirlo esta semana, un día después del anuncio de Endeiza como candidato al Superior Tribunal.

Chada, una jueza que se caracterizó por la tibieza y que tuvo que renunciar por los alcances de una causa que tiene a algunos de sus familiares involucrados, renunció el lunes. El miércoles, Poggi tenía a su reemplazante. Y el jueves propuso a Sebastián Cadelago, un juez joven, de impecable legajo, para cubrir un puesto trascendente en el andamiaje judicial. 

Endeiza ya se prueba el costoso traje de ministro del Superior Tribunal porque el Gobierno en pocos meses alcanzó mediante la compra de voluntades la mayoría en el Poder Legislativo, por lo que ningún intento de la oposición será suficiente y su pliego será rápidamente aceptado. A veces, el funcionamiento de los poderes del Estado tiene una sordidez que abruma.  

Puede que la intención oficial de reformar algunos aspectos de la Justicia tenga puntos a valorar y hasta necesarios. Pero, en otra errática performance de la comunicación estatal, asentada por un aparato de medios cada vez más desgastado, centró toda su lucha solo en uno de los puntos que debería contener: la cancelación de la feria judicial. 

Lejos, muy lejos, de ser el mayor problema que enfrenta el funcionamiento de los tribunales locales, Poggi primero y sus voceros después, atacaron ciegamente a los días en enero y julio en los que el Poder Judicial cierra sus puertas, licencia a la mayoría de sus empleados, suspende los plazos pero -explican quienes rechazan la medida- no paraliza el sistema de expedientes, como pretende demostrar el gobierno.

Con esa visión concentrada solo en la suspensión de la feria, el Gobierno no hizo más que irritar a los empleados, fustigar a los funcionarios, desinformar a la población e instalar, una vez más, la teoría única y autoritaria con la que se ha manejado hasta ahora.