Todo queda en familia: el amiguismo como forma de gobierno
Mientras docentes reclaman pagos y transparencia, una escuela en La Punta repite el esquema que se vive en los despachos oficiales
Lo que sucede en la Asociación Educacional Madre Tierra no es un caso aislado. Según integrantes de la propia comunidad educativa, es apenas una réplica –casi exacta– de un modelo que se consolida desde el poder: cargos asignados por parentesco, recursos públicos administrados con lógica privada, amenazas para el que reclama y una red de complicidades que garantiza impunidad.
En esta escuela de gestión privada con fondos estatales, el conflicto estalló cuando se conocieron los recortes selectivos en el nivel primario, la reducción de la jornada extendida y la decisión de no pagar la totalidad de los aumentos salariales enviados por la Provincia. Pero lo que más alarma a las familias no son los números, sino el sistema de control que, según afirman, responde directamente a la conducción a cargo de Silvia Miranda.
Una estructura cerrada, hermética y familiar
“Acá los cargos no se ganan, se heredan”, resume una allegada a la institución. Según describen, la escuela funciona como un espacio de colocación de familiares, sin concursos, sin títulos habilitantes y sin controles. Hay casos de personas que ejercen como docentes, coordinadoras o administrativas sin reunir los requisitos, pero que tienen un lazo directo con Miranda. Los recortes, en cambio, recaen solo sobre los espacios donde no trabajan miembros del círculo íntimo.
La única excepción visible en este cerrojo es Clara Vinuesa, hija de Miranda y actual concejala electa por el oficialismo en La Punta. Su presencia en la lista del Gobierno Provincial fue, para muchos, un gesto claro de respaldo político a la conducción educativa. “Si el Estado realmente estuviera en desacuerdo con lo que pasa, no pondría a una integrante de ese mismo núcleo familiar en una lista de candidatos”, expresó una vecina con vínculos con la escuela.
¿Quién fiscaliza a quién?
La figura de Miranda, denuncian, no solo acumula funciones sino poder: es presidenta de la Asociación, directora de la secundaria y administradora de fondos públicos. En los papeles, debería rendir cuentas al Ministerio de Educación. En los hechos, nadie la controla.
Los docentes tienen miedo, los padres ya empezaron a cambiar de escuela, y muchos advierten que el objetivo de fondo es asegurar los recursos para sostener una estructura cerrada. “En nivel inicial y secundario, donde están los familiares, no recortaron nada”, advierten desde adentro.
El espejo de Poggi
El problema, insisten, es estructural. “Lo que pasa en Madre Tierra es lo mismo que pasa en el gobierno”, opinan desde la comunidad educativa. Y los ejemplos sobran: familiares del gobernador Claudio Poggi ocupan cargos estratégicos sin que eso sea siquiera un tema de debate público.
Esposa, hija, cuñadas, concuñados, el suegro de su hijo, el cuñado de su hijo, sobrinas… La lista, dicen, es larga y repetida en casi todas las áreas del Ejecutivo. Lo mismo ocurre con otros funcionarios de alto rango: sus parejas, hermanos o hijos están en el Estado. Es una red que se autoalimenta y se protege. “Cuando los cargos se reparten entre parientes, no hay política pública, hay feudos”, sintetiza una allegada que conoce de cerca la estructura.
Meritocracia para el discurso, amiguismo para la práctica
El contraste es obsceno: se exige título, vocación y esfuerzo a los trabajadores que están por fuera del círculo. Pero para ingresar a los cargos más cómodos, el mérito no cuenta: solo importa el apellido. Mientras el oficialismo proclama un discurso de austeridad y transparencia, en los hechos sostiene y reproduce estas lógicas. Lo que ocurre en Madre Tierra es una muestra clara de lo que pasa cuando el Estado renuncia a controlar y decide proteger. La comunidad educativa de La Punta no solo denuncia irregularidades: exige una intervención. Pero hasta ahora, la respuesta oficial ha sido el silencio.
En una provincia que atraviesa una crisis económica y educativa, que más de mil alumnos vean reducida su jornada y sus docentes sean perseguidos por exigir cobrar lo que corresponde, debería ser un escándalo. Pero no lo es. Porque —como en tantas otras oficinas del poder— todo queda en familia.


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