Rutas en riesgo: un socio del Gobierno provincial a favor del cierre de Vialidad Nacional

Las rutas nacionales, esquemas vitales que conectan pueblos y provincias, se encuentran al borde de una situación crítica. Su ya precario estado amenaza con profundizarse drásticamente si se concretan los planes de desmantelamiento de Vialidad Nacional. Este escenario, se torna aún más oscuro al considerar el inminente drama social, ya que un recorte de esta magnitud podría dejar a muchísimas familias en la calle. Aunque las autoridades aseguran que durante la "reorganización" nadie quedará sin su fuente laboral, lo cierto es que en la práctica distintos organismos han sido víctimas de intensos recortes. ¿Qué garantiza que no pase lo mismo con Vialidad? Luego de que la Justicia frenara el intento de desguace de la entidad, un socio político del Gobierno provincial avaló públicamente el ajuste y se pronunció a favor del cierre del organismo. 

Se trata del subsecretario de Reformas Estructurales de la Nación, Alejandro Cacace, quien en diálogo con el programa "La primera de la tarde" (Radio 2), defendió la decisión oficial de disolver Vialidad porque "funcionaba mal y con mucha corrupción", una mirada absolutamente direccionada. 

Para comprender, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 2 de San Martín, resolvió suspender de forma provisoria el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, dispuesto por el Gobierno nacional mediante el Decreto 480/2025. La medida cautelar generó reacción en el oficialismo, que insistió en la necesidad de "ahorrar" y volvió a denunciar superposición de funciones en el organismo.

En este sentido, el socio político del oficialismo puntano, aseveró: “Estoy en contra de eso porque está muy claro que el Ejecutivo usó las facultades que tenía por la Ley Bases para aplicar la medida, ya que dentro de la mencionada ley, está contemplada la disolución de los organismos y la modificación de las competencias de los organismos del Estado. Es evidente que el caso de Vialidad queda encuadrado en eso”.

Es así que remarcó que en todo el sistema de transporte existía una "superposición muy fuerte de funciones entre Vialidad, la Agencia de Seguridad Vial, otra comisión referida a asuntos viales y la Comisión Nacional Reguladora del Transporte". 

Motosierra al máximo

Cacace fue explícito al arrojar su visión de la actualidad. Apuntó que Vialidad tiene más de 5 mil empleados de los cuales mil están en la central y 4 mil repartidos en los 24 distritos viales, y subrayó que dos tercios de los empleados son administrativos y un tercio presta funciones directamente en el territorio.

“Cada tres agentes hay un cargo y era urgente reformular eso para producir un ahorro. La disolución de ese solo organismo produce un ahorro de cien millones de dólares, dentro de un ahorro mucho más profundo de dos mil millones de dólares que se logró con los sesenta y cinco decretos delegados y las distintas reformas en las áreas del Estado”, manifestó sin tapujos. 

En este sentido, reafirmó que hay una decisión de pasar de este modelo a otro consistente en licitar para que el sector privado tome las concesiones de las obras. 

Sobre la medida cautelar, Cacace aseguró que se está obviando que el Congreso le dio al Ejecutivo la facultad de llevar adelante esta medida. Por lo tanto, es el Congreso el que -según su visión- debe evaluar el decreto. 

“Tampoco se tiene en cuenta que el propio decreto dice que nadie pierde su trabajo ni su salario mientras se realice la reorganización. Entonces, se trata de un proceso necesario que el Gobierno estaba habilitado a realizar”, precisó.