Stornelli avaló la denuncia del Gobierno pero blindó a periodistas y sus fuentes

El fiscal federal Carlos Stornelli resolvió este martes que la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siga adelante, pero dejó en claro que la Justicia no podrá avanzar sobre las fuentes de los periodistas involucrados ni allanar domicilios sin orden de juez competente.

“Por mandato constitucional, no podrá hurgarse en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca”, sostuvo el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4. La medida busca resguardar el trabajo periodístico, aunque habilita la continuidad de la pesquisa para determinar si existió una maniobra delictiva, quiénes fueron sus autores y cuáles fueron sus posibles cómplices o encubridores.

El Gobierno había denunciado ayer una “operación de inteligencia ilegal” tras la difusión de los audios, en tanto que la Justicia Civil y Comercial ordenó el “cese inmediato” de su publicación. Stornelli precisó que la investigación deberá reconstruir desde cuándo comenzaron las grabaciones y los actos preparatorios que pudieron derivar en su difusión.

Horas antes, el presidente Javier Milei apuntó directamente contra “un grupo de periodistas” a quienes calificó como “espías que se disfrazan” y advirtió que “no están por encima de la ley”. El mandatario vinculó la difusión de los audios con un intento de desestabilización en plena campaña electoral.

En paralelo, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro criticó con dureza al Ejecutivo: “Es muy duro escuchar audios de un funcionario de primera línea del Gobierno hablando de coimas y que no exista una respuesta política clara. Nadie puede poner una mordaza sobre lo que podría ser información periodística”, reclamó.

De este modo, mientras la Casa Rosada insiste en hablar de espionaje ilegal, la Justicia busca un delicado equilibrio entre investigar los hechos denunciados y no vulnerar el derecho a la libertad de expresión.