Las jactancias de Milei y el supuesto préstamo de Estados Unidos

Las siempre jactanciosas expresiones de Milei de que “todo marcha de acuerdo al plan”, han sido refutadas por la realidad económica donde se ha puesto en evidencia, que ese supuesto plan se está desmoronando a pasos agigantados, y ya no cuenta con la complicidad de ciertos agentes económicos, que han comenzado a evaluar la peligrosa pendiente que se avizora respecto al futuro argentino. Sus reiterados insultos a las “ratas “del Congreso como las llama, le han significado el rechazo contundente de sus vetos. Los economistas cuestionan cada día las decisiones que se adoptan, y mientras parece que todo va a la deriva Caputo y Bausili insisten en sus precarios discursos exitistas, mientras adoptan medidas en las que ya nadie cree, que puedan enderezar un rumbo que cada vez es más incierto.

La Argentina atraviesa un escenario de extrema fragilidad financiera: los vencimientos de deuda en los próximos meses resultan materialmente imposibles de cubrir con las reservas del Banco Central y los ingresos fiscales disponibles. Al mes de diciembre tenemos vencimientos por 15.000 millones de dólares y el Estado se encuentra frente a la disyuntiva de declarar la imposibilidad de pago o recurrir a nuevos créditos que, lejos de resolver el problema de fondo, prolonguen la dependencia. En enero hay vencimientos con acreedores extranjeros por 4.500 millones de dólares, y en julio otro tanto, además de otros vencimientos que se irán acumulando.

En este contexto, se mencionado ya en forma reiterada la posibilidad de solicitar un préstamo al Fondo de Estabilización del Tesoro de los Estados Unidos (Exchange Stabilization Fund, ESF), una herramienta financiera utilizada en situaciones de emergencia internacional. Sin embargo, la experiencia muestra que este tipo de asistencia nunca es neutra ni gratuita: suele estar acompañada de condicionamientos que incluyen el alineamiento con la política exterior de Washington, la aplicación de reformas económicas regresivas y la supervisión conjunta con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, se trata de dinero atado a una pérdida de soberanía.

También cabe aclarar al respecto, que según las informaciones que se disponen, ese Fondo solo tiene en este momento 22.000 millones de dólares de reservas líquidas, por lo cual los 30.000 millones que supuestamente se darían a la Argentina, entra en el terreno de la ciencia ficción.

Los que con notable ligereza hablan de ese préstamo, se olvidan de una cuestión que resulta fundamental subrayar, y es lo que establece la Ley 24.156 de Administración Financiera, en su artículo 60: toda operación de crédito público que comprometa al Estado más allá del ejercicio presupuestario requiere autorización expresa del Congreso de la Nación. No se trata de un trámite menor, sino de una garantía institucional que asegura el control democrático sobre decisiones que condicionan a generaciones futuras. A esto se suma que se ha enviado al Congreso una Ley de Presupuesto, que no contempla de manera alguna ese préstamo extraordinario, aunque si consigna, un nuevo y sideral endeudamiento, para pagar las obligaciones que se venzan, y seguir con un endeudamiento, que no tiene fin, y que siempre lo terminamos pagando los argentinos.

En consecuencia, cualquier intento del Poder Ejecutivo de endeudarse a través del Fondo de Estabilización del Tesoro —con los condicionamientos políticos y económicos que ello conlleva— debe necesariamente pasar por el debate parlamentario. Pretender lo contrario no solo sería ilegal, sino también ilegítimo, porque comprometería el futuro del país a espaldas de la ciudadanía.

La Argentina necesita soluciones urgentes a su crisis de deuda, pero esas soluciones no pueden surgir de acuerdos secretos ni de préstamos condicionados que hipotecan la soberanía. La salida debe construirse con transparencia, dentro del marco legal vigente y con la participación del Congreso, que representa a la voluntad popular.

Como desde que llegó la democracia el problema de la deuda nunca fue solucionado, y los distintos gobiernos, solo se limitaron a pagarla, y cuando no podían hacerlo a refinanciar o reestructurarla, legitimando una deuda espuria, las consecuencias de esas acciones, ha determinado que arrastremos desde hace décadas, un problema sin solución de continuidad, que condiciona cualquier política económica que se quiera instrumentar, debido a los enormes intereses que esa deuda genera, que se detraen de sumas para salud, educación, vivienda, ciencia y tecnología, infraestructura pública.

Hoy más que nunca, el Congreso tiene una responsabilidad histórica: no permitir que se repitan los endeudamientos opacos que marcaron el pasado, y garantizar que cualquier compromiso financiero internacional sea debatido de cara al pueblo, con plena conciencia de sus consecuencias. Porque de esa decisión no depende solo el presente, sino el futuro de la Nación.