Alí denunció "causa trucha" y aseguró que las obras en La Toma están terminadas y rendidas

El escenario judicial puntano sumó un nuevo capítulo de tensión este jueves, cuando la jueza Luciana Banó resolvió formular cargos contra el diputado nacional Alí. La fiscal de Instrucción N° 6, Linda Maluf, lo acusa de defraudación a la administración pública y de abuso de autoridad en su gestión como intendente de La Toma.

La resolución incluyó medidas de coerción: inhibición general de bienes por 120 días y la obligación de firmar el libro del 1 al 10 de cada mes durante cuatro meses. No obstante, la magistrada descartó la prohibición de salir de la provincia, al reconocer que el legislador debe viajar semanalmente al Congreso de la Nación.

Desde la política, el diputado respondió con dureza. “Sí, la verdad un escándalo político, digamos, de jurídico no tiene absolutamente nada. Es una mentira enorme, lo podemos probar en dos segundos, las obras están hechas”, lanzó. Y agregó: “Ninguna de estas causas truchas me va a poner miedo ni me va a hacer callar la voz. Todo por el contrario, voy a seguir diciendo lo que vengo diciendo y voy a luchar por la provincia de San Luis”.

Alí defendió su gestión municipal en La Toma y sostuvo que los proyectos cuestionados están concluidos y documentados: “Están inauguradas las obras. Es todo mentira, chicos. No les cuesta nada ir a la Toma y verlas. Una fue inaugurada por el mismo gobernador. Hablar de que hay contratos rescindidos es una nimiedad: dos obras se terminaron y otra quedó al 80%”.

También apuntó contra el gobernador Claudio Poggi: “Mi declaración jurada de bienes tiene dos propiedades. ¿Vos sabés cuántas tiene la del gobernador? Es un multimillonario y yo estoy crocante de seco. Por eso quiero que venga a declarar como testigo Poggi, para que diga si nosotros hicimos bien o mal las cosas”.

El abogado defensor, Nedo Gómez, fue igual de crítico. “Se trata de una formulación de cargos provisoria que reviste un carácter prematuro. No quedó acreditada ninguna conducta reprochable de mi defendido”, afirmó. Y agregó que la fiscalía incumplió con el artículo 110 del Código Procesal Penal provincial: “Se debe informar de manera clara y precisa los hechos atribuidos. Aquí solo se limitaron a leer artículos del Código Penal, sin especificar la conducta”.

El letrado también rechazó las medidas pedidas por la fiscalía, entre ellas la prohibición de salir de la provincia: “Su señoría hizo lugar a nuestro planteo porque pedir autorización semanal hubiese sido un desgaste jurisdiccional innecesario. Sí quedó la inhibición de bienes y la firma del libro, pero el resto fue rechazado”.

Sobre el fondo de la causa, Gómez señaló que las obras cuestionadas estaban ejecutadas o rescindidas conforme a la ley provincial: “Alí actuó dentro del marco regulatorio de la obra pública. Firmó tres contratos de obra y rescindió de común acuerdo con la provincia, en un contexto económico adverso. No hay excusas, hay normativa. Esto no es más que una caza de brujas para deshonrar y mancillar su nombre”.

El defensor cargó contra la acusación: “La fiscalía construyó la imputación con apenas dos entrevistas sin juramento, informes incompletos y sin los pliegos de bases y condiciones en la mano. ¿Cómo se puede chequear una obra sin saber qué decía el pliego original?”.

Tanto el legislador como su abogado coincidieron en remarcar que la causa tiene trasfondo político. “El único pecado de Alí es ser de otro color partidario”, concluyó Gómez.