Impuesto automotor en San Luis: entre los más caros del país y con mayor impacto social
Analistas de San Luis advierten que la elevada alícuota castiga a quienes menos tienen y expone un sistema regresivo sostenido por el Gobierno.
El impuesto automotor en la provincia de San Luis volvió a quedar en el centro de la polémica. Especialistas en materia tributaria coinciden en que la carga fiscal es excesiva y que su impacto recae con mayor fuerza sobre los sectores de menores ingresos.
“El impuesto automotor en San Luis es un despropósito. Los ciudadanos deben acompañar con el esfuerzo fiscal, pero dentro de parámetros razonables”, señalan analistas consultados, al advertir sobre el elevado valor de la alícuota que pagan los contribuyentes.
Desde el punto de vista institucional, explican que es el Poder Ejecutivo Provincial —es decir, el gobernador— quien fija el monto del impuesto automotor, ya que la Constitución Provincial y las leyes locales le otorgan la facultad de establecer las bases imponibles y las alícuotas dentro del marco de la Ley Impositiva Anual, que luego debe ser aprobada por la Legislatura.
“Es una iniciativa del Ejecutivo y el Legislativo la convierte en ley. En definitiva, el esquema impositivo es una decisión política del gobierno de turno”, remarcan.
Uno de los puntos más cuestionados es el sistema de descuentos. Según los especialistas, el propio diseño del tributo evidencia su carácter regresivo. “Si el impuesto no fuera tan alto, el Ejecutivo no necesitaría ofrecer descuentos del 50% para los llamados ‘buenos contribuyentes’. Y casualmente, quienes acceden a esos beneficios suelen ser las personas con mayor poder adquisitivo”, advierten.
Del otro lado quedan quienes no logran ponerse al día con sus obligaciones. “Los llamados ‘malos contribuyentes’ son, en muchos casos, personas que no alcanzan a reunir el dinero para pagar. Así, una parte importante de la recaudación provincial sobre activos —como automotores e inmobiliario— termina saliendo del bolsillo de quienes menos recursos tienen”, sostienen.
Un informe de la Fundación Libertad también expuso la magnitud del problema. El relevamiento comparó cuánto paga por año un propietario de un Peugeot 208, el vehículo más patentado del país en 2024. En ese ranking, San Luis aparece entre las provincias con el impuesto automotor más caro: el monto anual alcanza los $851.200, equivalente al 3,5% del valor total del vehículo.
La comparación internacional resulta todavía más elocuente. Según el mismo informe, patentar un vehículo en el estado de Florida, Estados Unidos, cuesta apenas 35 dólares anuales (unos 50 mil pesos al tipo de cambio actual). En San Luis, ese mismo trámite implica un desembolso de 574 dólares por año: casi 16 veces más caro.
Los datos refuerzan una conclusión incómoda para el Gobierno provincial: lejos de tratarse de un esquema equitativo, el impuesto automotor en San Luis se consolida como una herramienta de fuerte presión fiscal que castiga con mayor dureza a los sectores que menos tienen.
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