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Sindicatos presentaron un proyecto para declarar la emergencia industrial en la provincia

Los gremios entregaron la iniciativa a diputados del bloque Justicialista. Buscan que se habilite su tratamiento el próximo miércoles en la última sesión ordinaria.

Por redacción
| Hace 18 horas
En lo más reciente, el cierre de Black & Decker expuso el nivel de la crisis y la asfixia a la industria.

Organizaciones sindicales de San Luis formalizaron ante la Cámara de Diputados el acompañamiento a un proyecto de ley para declarar la emergencia industrial y del empleo fabril en la provincia por doce meses, prorrogables por igual período.

 

 

La presentación, fechada el 18 de noviembre y dirigida al presidente del bloque del Frente Justicialista, Lucas Caymes, busca que se habilite su tratamiento el próximo miércoles, durante la última sesión ordinaria del año ante la falta de convocatoria a extraordinarias.

 

 

Los gremios advirtieron sobre el impacto de la apertura de importaciones —en particular desde China—, la caída del consumo y los costos energéticos, en un contexto de fuerte preocupación en polos productivos como Villa Mercedes.  

 

 

El texto respaldado por el movimiento obrero toma datos del Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA) a septiembre de 2026 —que señalan una producción manufacturera 10% por debajo de 2022/2023, una capacidad instalada del 58,2% y 12 de 16 rubros en caída— y registra 87.433 empleos industriales perdidos a nivel nacional desde agosto de 2023 (-7,3%), con fuertes bajas en textiles (-22,1%), automotriz (-10%) y metalmecánica (-8,6%).

 

 

A nivel local, el documento menciona datos del INDEC para el Gran San Luis (2,6% de desocupación pero 35,7% de pobreza, equivalente a 91.000 personas) y contabiliza más de 20 establecimientos fabriles que cerraron o suspendieron turnos en San Luis y Villa Mercedes en el último año.  

 

 

Entre los ejes del proyecto figuran exenciones de hasta el 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario (acotado a predios industriales), planes de pago de hasta 24 cuotas y bonificación de tasas para capital de trabajo.

 

 

También propone un subsidio provincial del 60% del Valor Agregado de Distribución (VAD) eléctrico por un año, un programa de sostenimiento del empleo de 1,5 salarios mínimos vitales y móviles por hasta seis meses (con compromiso de mantener plantillas y un adicional para empleo femenino), complementos por suspensiones del artículo 223 bis ligados a capacitación en la UPrO, preferencias de hasta el 10% en el Compre San Luis, cláusulas anti-cierre con devolución de beneficios o prioridad para cooperativas de trabajadores, la creación de un Fondo de Emergencia Industrial y una Mesa Tripartita con el Estado, la Unión Industrial y la CGT Regional.  

 

 

Preocupación ante cierres, desempleo e incertidumbre

 

 

El planteo se apoya en casos recientes en la provincia, como el cierre de la planta de discos abrasivos de Stanley Black & Decker en Justo Daract —anunciado el 10 de noviembre con 61 desvinculaciones por cambios en las condiciones del mercado— y la clausura de la textil Industria Argentina de la Indumentaria S.A. en Villa Mercedes el 8 de octubre, que dejó sin empleo a trabajadoras con más de 35 años de antigüedad y concentró la producción en Santa Fe.

 

 

A ello se suman antecedentes del año pasado, como el cierre de la autopartista Dana en Naschel el 19 de noviembre de 2025 (50 despidos directos tras tres décadas y alerta por unos 40 puestos indirectos) y el cierre de Avery Dennison en San Luis en junio/julio de 2025 (30 operarios y 15 jerárquicos, con traslado a Don Torcuato vinculado por el gremio a la apertura de importaciones), además de la atención que genera en la provincia el anuncio de este jueves del Grupo Arcor sobre el cierre de la planta de conservas de pescado La Campagnola en Mar del Plata (75 trabajadores) para importar desde Ecuador, Tailandia y China.

 

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