Sosa Araujo cuestionó el régimen penal juvenil: “No se está trabajando con quienes deben”

La media sanción del nuevo régimen procesal penal juvenil dejó cuestionamientos que van más allá de su financiamiento. La diputada provincial Silvia Sosa Araujo sostuvo que el proyecto impulsado por el Ejecutivo avanzó sin participación de quienes deberán aplicarlo y advirtió sobre las condiciones para ponerlo en funcionamiento.

Según señaló en una entrevista, la iniciativa obtuvo despacho en menos de una semana desde su ingreso y fue tratada sobre tablas. “Son leyes que no son trabajadas con quienes deben trabajarlas”, cuestionó.

Uno de sus principales reparos fue la falta de convocatoria a los cuatro jueces penales juveniles de la provincia y a los colegios de abogados y procuradores. Sosa Araujo afirmó que, ante la inminencia del tratamiento, realizaron consultas con estas entidades y recibieron como respuesta que no habían sido invitadas a participar.

Durante el debate, el oficialismo había señalado que el proyecto fue trabajado con “operadores de la Justicia”. Para la legisladora opositora, esa referencia no despejó las dudas sobre quiénes intervinieron en su elaboración ni reemplazó la consulta a los profesionales especializados.

La iniciativa, aprobada en Diputados por 27 votos a favor y 10 en contra, modifica el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para adecuar los procedimientos provinciales al nuevo régimen nacional. Su aplicación, sin embargo, abrió una discusión sobre la disponibilidad de equipos técnicos, espacios de alojamiento y personal capacitado.

Sosa Araujo puso el foco en los psicólogos y supervisores previstos para la atención y el seguimiento de los adolescentes. Según explicó, no está claro si esas tareas serán asignadas a trabajadores que ya integran el Poder Judicial o si se incorporarán profesionales.

“No sabemos si se les aumentan las funciones a quienes están ya en el Poder Judicial, si van a traer de afuera”, expresó.

También cuestionó que el texto establezca su entrada en vigencia a partir de la publicación, sin un período previo para completar las adecuaciones. A ese planteo sumó sus reparos por la intervención del Ejecutivo en la reglamentación, un aspecto que vinculó con la necesidad de preservar la independencia judicial.

En el recinto, la diputada oficialista Eugenia Gallardo había respondido a las críticas sobre el financiamiento con una referencia al presupuesto de 2027. Aseguró que contempla gastos para adecuar la infraestructura y el funcionamiento del régimen. La oposición, en cambio, reclamó precisiones sobre cómo estarán disponibles esos recursos al momento de aplicar la norma.

Sosa Araujo agregó otro cuestionamiento: afirmó que el proyecto hace referencia a defensorías de niñas, niños y adolescentes que, en el caso de Villa Mercedes, habían sido suprimidas mediante una ley aprobada la semana anterior.

Para la diputada, esa situación refuerza las objeciones al procedimiento elegido para avanzar con la reforma. “Realmente no se está trabajando con quienes deben trabajar cada uno de estos temas”, concluyó. Con la media sanción de Diputados, el proyecto fue remitido al Senado provincial.