La peor semana del gobernador con "mayor aceptación"

En otro momento, la difusión de la encuesta nacional que colocó a Claudio Poggi como uno de los gobernadores con mayor aceptación del país hubiera desatado una euforia desmedida en las huestes oficialistas. Pero la paradoja política y la realidad que a veces se tiñe de absurdo hizo que la misma semana en que se conoció el guarismo fuera una de las peores en los dos años y tres meses de mandato.

Acostumbrado a celebrar como un gol sobre la hora los pequeños triunfos, los módicos logros de una gestión paralítica, una noticia como la que se conoció tras la encuesta nacional hubiera tenido platillos, bombos y medias lamidas en el aparatejo mediático del poggismo. Pero una serie de hechos que demuestran la triste realidad provincial ahogaron cualquier festejo detrás de funcionarios indagados, otros que golpean mujeres, docentes despedidos por reclamar sus derechos, un homicidio en ocasión de robo que le quema las pestañas y la sensación de desorden en varios ministerios.

Sin duda, el golpe más difícil de asimilar para el Gobierno es el cross de derecha que recibió de la Justicia cuando un fiscal pidió la indagatoria nada más y nada menos que de Ricardo André Bazla, el secretario de  Ética Pública  y Control de Gestión por el robo de dos toneladas de maíz de un campo expropiado por el Estado. El acto judicial tendrá lugar el 25 de marzo, a las 09:00.

Bazla no es un funcionario más en el organigrama craneado por Poggi. El villamercedino es, ni más ni menos, que el hombre que arribó con su capa y su antifaz de paladín a poner transparencia a la gestión, a levantar el dedo acusador contra los antecesores y a izar con la mano en el corazón la bandera de la honradez con la que Avanzar ganó las elecciones gubernamentales. Ahora, el recio funcionario que implementó como política máxima un control antidoping para sus colegas de los tres poderes del Estado usa su antifaz para cubrirse la cara, a modo de los ladronzuelos de historieta.

Pero no fue don Ricardo el único miembro de la épica poggista que ensució el manchado mantel de la mesa oficialista. El jueves se conoció que Ricardo Rubira, subdirector de evaluación de impacto ambiental y ordenamiento territorial de la secretaría de Medio Ambiente, había sido detenido por agredir brutalmente a su ex pareja. El hombre es un engranaje aceitado de una de las conductas más cuestionadas en la cuestionada secretaría: la oficina que debe otorgar los permisos de construcción y a la que otros integrantes del organismo observan con recelo, por los rumores de cobro en dólares para extender las autorizaciones.

Como sucede habitualmente, el hecho de violencia de género en la que se involucró el funcionario no fue hasta el ahora repudiado por el Gobierno con la energía que se merece.

No es de extrañar, ya que el Ejecutivo demostró hasta ahora un nulo respeto por la diversidad de género, por la igualdad y por los derechos femeninos. En la marcha por el 8M que se realizó en el amanecer de la fatídica semana hubo cánticos contra Poggi, Javier Milei, Maximiliano Frontera, Gastón Hissa. Y como dato adicional se recordó la ley de cupo, ignorada conscientemente en los 50 festivales organizados por el Gobierno durante el verano.

Otra forma de violencia que ejerció el Gobierno Provincial en la semana tuvo como víctimas a un puñado de docentes rurales que participaron hace un mes de una marcha que se concentró en Terrazas del Portezuelo en reclamo de mejoras salariales y estructurales. Con las cesantías el mensaje es claro: Poggi podrá permitir que las escuelas repartan comida en mal estado, pero nunca que un maestro pida lo que considera justo.

Será el 2026 para el San Luis el Año de la Educación, pero será con docentes cansados, manipulados, mal pagos, amenazados y echados.

Mientras el gobernador le hace mimos en su departamento a su tierno gatito Gaspar, al menos diez docentes se preguntan qué será de sus vidas en los próximos meses, al igual que otro grupo de empleados del Ministerio de Turismo y las Culturas a quienes esta semana no le renovaron sus contratos y quedaron en la calle. En la misma calle que vio morir la semana pasada a Seferino, el segundo fallecido al desamparo y el olvido de la gestión Poggi hacia aquellas personas que lo perdieron todo.

Hay otra muerte que ventila otro drama cotidiano de un San Luis inseguro. Es la de Coca, la enfermera de 86 años que fue brutalmente asesinada por ladrones de los que la Policía a casi dos semanas del hecho no sabe nada. Es un milagro que la Policía puntana esclarezca un robo, evite un asalto o recupere alguno de los muchos botines que la delincuencia gana día a día. Pero un hecho de la violencia que tuvo el crimen de la anciana no debería dilatarse mucho en sus investigaciones.