Implementan un nuevo control de facturación en hospitales; hay críticas a la maniobra

El Ministerio de Salud de la provincia ha puesto en marcha un nuevo protocolo de fiscalización administrativa destinado a optimizar el sistema de recupero de gastos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y hospitales públicos. 

La medida responde a una deficiencia detectada en las instancias de admisión, donde el personal administrativo no estaría verificando ni modificando la cobertura de seguridad social de los pacientes al momento de la consulta, lo que impide que el Estado pueda facturar las prestaciones a las obras sociales correspondientes.

Según el documento oficial, a partir de ahora se establecerá un "punto de control" posterior a la atención médica, de laboratorio u odontología. El personal del área de Autogestión tendrá la responsabilidad de cruzar los datos de los Registros Médicos con el sistema para corroborar si la obra social del paciente fue impactada correctamente. 

En caso de detectarse errores —como pacientes registrados en la obra social estatal cuando en realidad poseen una prepaga—, se deberán realizar los cambios de forma externa para asegurar que el pago lo realice la entidad privada y no el erario público.

Asimismo, el instructivo detalla el procedimiento para aquellos pacientes que no poseen ningún tipo de cobertura, quienes deberán ser ingresados al programa nacional Sumar. En los casos donde la información de Registros Médicos indique una cobertura que ya no está vigente, el personal deberá informar a la Dirección de Recupero central para que se proceda a la actualización manual de los datos y se elimine la vinculación inexistente.

Sin embargo, la implementación de este control "ex post" ha despertado fuertes críticas y sospechas sobre la eficacia de la digitalización del sistema sanitario. Usuarios y personal del sector advierten sobre una contradicción logística: mientras desde las áreas técnicas se informa que la obra social no puede modificarse una vez otorgado el turno, la nueva normativa exige una corrección manual posterior. 

Este escenario ha generado malestar en sectores que consideran la medida como un intento desesperado por aumentar la recaudación, exponiendo las falencias de un sistema de salud que, pese a los anuncios oficiales de modernización tecnológica, aún depende de revisiones manuales para evitar pérdidas millonarias.