Vigilancia, autoritarismo y puertas de baño como mesa en una escuela

Autoritarismo en lugar de autoridad, mesas para la merienda armadas con puertas de baño, amenazas con despidos, cámaras de vigilancia para monitorear a los docentes y quita de espacios comunes son algunas de las irregularidades que parte de la comunidad educativa de la escuela N° 70 “Provincia de San Luis” denunció en una carta abierta.

Los redactores de la dura misiva prefirieron continuar en el anonimato y explicaron las razones. “El silencio no nace de la falta de argumentos, sino del miedo que hoy se ha instalado en nuestra querida escuela”, dicen en el escrito titulado, justamente, “Una escuela pública no puede gobernarse desde el miedo”.

El edificio escolar está ubicado en en el Barrio ATE por calle Almirante Brown, entre Falucho y Constitución. Los denunciantes adjudican a la llegada, hace menos de un año, de la actual directora, ex docente de la escuela, el inicio de las medidas polémicas. “En un tiempo sorprendentemente corto, el clima de trabajo cambió por completo”, dicen en la carta que señala que lo que alguna vez fue un espacio de “diálogo, respeto y cooperación” hoy es un un ámbito atravesado por “decisiones unilaterales, amenazas constantes de sumarios administrativos y comentarios que hacen sentir a muchos trabajadores que su continuidad laboral depende únicamente de la voluntad de una sola persona”.

Los docentes aseguraron que las propuestas que hacen son poco escuchadas y que las decisiones que se toman en el orden directivo no pasan por la consulta de nadie.

Uno de los cambios que más indignación produjo fue la eliminación de la sala destinada a los docentes para convertirla en un espacio exclusivo para personal del Ministerio de Educación que visita ocasionalmente el establecimiento. “Mientras se crea un lugar privilegiado para funcionarios, quienes trabajan todos los días fueron relegados a un depósito improvisado como espacio de descanso”.

Para los profesores, ese cambio es más que una modificación edilicia: “Simboliza una forma de entender el poder, donde existen personas de primera y de segunda categoría dentro de una escuela pública”.

La instalación de un sistema de cámaras fue percibida por gran parte del personal “como una herramienta de control permanente sobre los trabajadores más que como una verdadera política de seguridad para los estudiantes”. Tensión y desconfianza prevalecen en el clima laboral por esa decisión.

Las modificaciones realizadas durante los momentos de desayuno y merienda también despertaron un profundo malestar. Dicen los docentes que los alumnos fueron retirados de las aulas para concentrar esas actividades en el SUM, con mesas armadas con antiguas puertas retiradas de los baños, que durante años estuvieron expuestos a la humedad y al deterioro. Como no hay sillas suficientes, algunos alumnos deben tomar la infusión sentados en el suelo.

Más preocupación generó “la modificación de espacios destinados al acompañamiento de alumnos con dificultades de aprendizaje y otras necesidades educativas”. El mensaje que los docentes leen entrelíneas es amenazante al valor de la educación inclusiva, “un principio que constituye un derecho y una obligación del sistema educativo”.

No solo los maestros reciben el embate de los directivos. El personal de maestranza –según la carta- padece condiciones de trabajo “cada vez más exigentes y poco respetuosas”, con excesos de sus funciones, extensiones horarias y sometimiento a las directivas. “Cuando el miedo reemplaza al diálogo, deja de existir un verdadero equipo de trabajo”.

Es que al parecer en la escuela son frecuentes las menciones de sanciones, sumarios o posibles desplazamientos laborales, una práctica que generó “un silencio colectivo que no debería existir dentro de una institución educativa cuya misión principal es enseñar valores democráticos, respeto y convivencia”.

Como si fuera poco, los denunciantes dijeron que la directora se ausenta de la escuela durante varias horas y que los animales callejeros ingresan sin control, con antecedentes de mordeduras, accidentes o suciedad en espacios comunes.

“No escribimos estas líneas por resentimiento ni por intereses personales. Lo hacemos porque creemos que la educación pública merece autoridades que lideren desde el respeto, la escucha y el consenso, no desde el temor”, concluyeron los docentes.