La defensa apuntó contra la pericia de Rizzotto y habló de una tasación “sin sustento”

La defensa de la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez volvió a poner en duda una de las pruebas centrales del juicio por la compra del colectivo para San Luis FC y apuntó directamente contra el trabajo de la perito que realizó la tasación del vehículo. “Cuestionamos la pericia de Rizzotto”, afirmó el abogado Marcos Juárez al salir de la audiencia, al sostener que el informe presentado para justificar un supuesto sobreprecio “carece de sustento”.

El planteo se produjo luego de la declaración de la martillera que valuó la unidad en $114 millones, una cifra muy inferior al subsidio de $290 millones que otorgó el Gobierno provincial para la compra. Para la defensa, el informe técnico parte de premisas equivocadas y utiliza criterios que no reflejan el valor real del mercado.

Según explicó el letrado, uno de los puntos más discutidos es la depreciación aplicada al vehículo. La tasación considera que un colectivo que originalmente habría costado alrededor de 500 mil dólares podría valer apenas una fracción de ese monto pocos años después. “Pretender que en ese tiempo pase a valer 100 mil dólares es una locura”, sostuvo Juárez al cuestionar la metodología empleada.

Falta de comparaciones

Otro aspecto que generó críticas es la falta de comparaciones directas con unidades equivalentes. De acuerdo con la defensa, la propia perito reconoció durante su declaración que no encontró un colectivo con las mismas características —modelo, chasis, motor y carrocería— para realizar una referencia concreta de precios. En su lugar, recurrió a valores de otras marcas.

“Trae Mercedes o Scania que no tienen nada que ver. Es como comparar un Audi con un BMW o un Mercedes”, ejemplificó el abogado, al remarcar que se trata de vehículos con características y comportamientos de mercado distintos.

El estado del colectivo al momento de la inspección también se convirtió en un punto de controversia durante el debate. En su exposición, la perito señaló que al intentar poner en marcha la unidad el vehículo no funcionaba y presentaba distintas roturas mecánicas.

Sin embargo, la defensa sostiene que existe un acta notarial que deja constancia de que el colectivo fue entregado funcionando. Además, remarcaron que la unidad contaba con la oblea vigente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que lo habilitaba para circular.

A partir de esa diferencia, el abogado planteó dudas sobre lo que pudo haber ocurrido con el vehículo en el tiempo transcurrido entre su entrega y la inspección pericial. “Pasaron varios días y no sabemos qué ocurrió en ese interín. No sabemos quién lo manejó, dónde estuvo ni qué pudo haber pasado con el motor, la carrocería o las cubiertas”, explicó.

Durante la jornada también se incorporaron nuevos testimonios técnicos. La defensa hizo declarar a un perito especializado que aportó observaciones sobre el estado de la unidad y los criterios que suelen utilizarse en el mercado para determinar el valor de este tipo de vehículos.

Vacío probatorio central 

Para Juárez, el eje de la causa sigue teniendo un vacío probatorio central. “El punto fundamental es saber quién autorizó las transferencias y si realmente esas transferencias se concretaron”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que la acusación intenta sostener la existencia de un supuesto sobreprecio únicamente a partir de la tasación discutida. “Dicen que hubo sobreprecio, pero no pudieron demostrar dónde está ese dinero ni cuál sería el valor real de un colectivo de esas características”, afirmó.

La defensa también cuestionó que la pericia no haya tomado en cuenta herramientas habituales del mercado para este tipo de valuaciones, como las listas de referencia de precios que se publican periódicamente para vehículos. Según el abogado, ese dato fue reconocido durante el interrogatorio.

“Ni siquiera sabía qué era la guía de precios de ACARA”, señaló Juárez, al remarcar que se trata de un parámetro utilizado habitualmente para fijar valores orientativos.

El juicio entrará este viernes en su etapa final, cuando se realicen los alegatos de las partes. La Fiscalía solicitó una condena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Ramírez, mientras que la defensa adelantó que pedirá la absolución.