Una vida trunca por la falta de acceso a la salud

La vida de Claudia Cañamero, de 49 años, se transformó en un suplicio marcado por la burocracia y la falta de recursos. Hoy se encuentra con serias dificultades, tras haber enfrentado en 2022 la amputación de ambas piernas por encima de las rodillas. 

Lo que comenzó como una lucha crónica contra la diabetes derivó en un complejo cuadro de infecciones y cirugías que la dejó a la espera de una asistencia estatal que, hasta el momento, brilla por su ausencia.

El pedido de auxilio formal se inició en enero, cuando Claudia acudió a los organismos públicos para solicitar la medicación necesaria y el acceso a las prótesis que le permitirían recuperar su autonomía. 

Sin embargo, el paso del tiempo no solo ha desgastado su salud emocional, sino que ha agravado el obstáculo económico. A principios de año, cada prótesis tenía un valor de 8 millones de pesos; hoy, según los presupuestos más recientes, el costo de cada unidad escaló a los 10 millones de pesos, sumando un total de 20 millones que resultan imposibles de afrontar para una familia trabajadora.

La desesperación de Claudia se agudiza al cumplirse casi un año sin poder desplazarse por sus propios medios. Según relató la mujer, los trámites realizados ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no han prosperado, dejándola en un vacío legal y sanitario. 

A esta situación se suma la interrupción de su rehabilitación, ya que la falta de movilidad la obliga a contratar sesiones de kinesiología a domicilio. 

Con un costo de 12.000 pesos por visita, el tratamiento se ha vuelto financieramente insostenible, provocando un endurecimiento muscular en sus piernas que pone en riesgo cualquier futura recuperación.

El caso de Cañamero no es un hecho aislado, sino que pone de manifiesto las profundas falencias en el sistema de salud y la cobertura de discapacidad en la provincia de San Luis y en el resto del país. 

Mientras los plazos administrativos se extienden de manera indefinida, la calidad de vida de los pacientes se deteriora irreversiblemente. Claudia sigue esperando que el Estado cumpla con su deber de garantizarle una vida digna y el acceso efectivo a la salud que por derecho le corresponde.