El obligado cambio de eje de Poggi: se le esfumó el armado contra Ramírez por el colectivo

A pocos días de la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, el tablero político sufrió un sacudón que obligó a los equipos de gobierno a trabajar a contrarreloj. El discurso de Claudio Poggi para el 1 de abril, que originalmente tenía en la causa del colectivo del San Luis Fútbol Club un eje central de acusaciones y críticas, debió ser reconfigurado tras la sentencia que absolvió a la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez.

El tribunal del Colegio de Jueces, conformado por Fernando de Viana, Karina Lucero Alfonso y María Eugenia Zabala Chacur, dictó la inocencia de la exfuncionaria bajo el principio de in dubio pro reo (beneficio de la duda). Para los magistrados, no hubo pruebas suficientes para sostener la acusación sobre presuntas irregularidades en la entrega del subsidio para la compra de la unidad de transporte. Dicho en otras palabras: el señalamiento era insostenible.

Se suponía, por la fuerte presión mediática que instaló el oficialismo, que Ramírez mínimamente iba a quedar atada al "drama del colectivo", que era lo que había instalado el poggismo en su —burda— estrategia de comunicación. Pero la realidad fue más fuerte y, por más artimañas que hubo, Ramírez fue absuelta. La cuestión enardeció a Poggi, quien habría obligado a sus "escribas" a redactar un nuevo discurso, invadido por una rabia que cada vez disimula menos.

Un escenario que se esfumó

Para la administración de Claudio Poggi, la causa del colectivo era un símbolo de la gestión anterior que planeaba capitalizar en el recinto legislativo. Sin embargo, con el fallo absolutorio, el esquema de confrontación diseñado para el discurso inaugural perdió su pieza de mayor impacto público.

La cuestión no es menor, porque ante la pobreza de ideas e iniciativas de gestión, el mandatario tiene poco y nada para decir y se abraza a las falsas denuncias para poder subsistir en el poder, como última chance de juego. Ante este panorama, se especula con que adopte una postura similar a la que mostró tras la imputación de su exministro, Ricardo André Bazla, cuando salió a "marcarle la cancha" a la Justicia manifestando su sorpresa por la velocidad de los abordajes.

No se descarta que el Gobernador utilice el estrado para cargar contra los tiempos y criterios del Poder Judicial en las causas que involucran a exfuncionarios. Se trata de una intromisión cada vez más normalizada: el Ejecutivo dando instrucciones al Judicial.

Condena en suspenso y apelaciones

Si bien Ramírez fue condenada a un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua por "negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes", el escenario legal dista de estar cerrado. Sobre la exsecretaria sigue rigiendo plenamente el principio de inocencia, ya que la sentencia no se encuentra firme y será apelada por su defensa, encabezada por Marcos Juárez.

Juárez ha sostenido con firmeza que los procedimientos administrativos fueron legales y que las unidades estaban habilitadas. Este marco de apelaciones y absoluciones parciales deja al Gobernador con un discurso condicionado: deberá referirse a una condena que todavía es materia de disputa judicial, en un clima de tensión creciente entre el Ejecutivo y los tribunales puntanos.

Lo mismo sucede en torno al caso del ex Ministro de Seguridad, Claudio Latini, a quien condenaron por una supuesta sustracción de bienes, bajo un claro andamiaje político y persecutorio. En su situación, la condena no está firme, apeló y rige el principio de inocencia sobre él. De este modo, los señalamientos de la gestión de Poggi se caen a pedazos.