Escándalo: vecinos estafados denuncian "burlas" de la Municipalidad de Villa Mercedes

La indignación crece en Villa Mercedes tras el fracaso de la reunión entre autoridades municipales y los vecinos estafados por la venta ilegal de tierras fiscales en el sector noreste de la ciudad. Lo que debía ser un encuentro para buscar soluciones habitacionales derivó en denuncias de "maltrato, censura y una profunda sensación de desamparo" para las 33 familias afectadas.

El foco del conflicto es la comercialización irregular de terrenos bajo el nombre "Familia Unida", llevada adelante por Maité Reina del Portugal Escudero. Según las denuncias, la mujer vendió "derechos posesorios" por una cifra que globalmente alcanza los 500 millones de pesos. Hubo damnificados que pagaron hasta 15 millones de pesos por lote, en un predio donde originalmente se proyectaba la construcción de 300 viviendas.

Un encuentro marcado por el hermetismo

La reunión, de la que participaron el Secretario de Gobierno, Germán Sepúlveda; el asesor legal, Mauro Sabattini; y la Directora de Obras Privadas, Natalia Sarjanovich, fue descrita por los asistentes como "tensa y controvertida". Uno de los puntos de mayor fricción fue la prohibición de registrar el encuentro.

"Nos dijeron que no podíamos grabar, que era una reunión privada. Es una forma de censura", denunció uno de los vecinos, quien interpretó la medida como un intento de ocultar la falta de respuestas oficiales.

"Se nos rieron en la cara"

El testimonio de las familias refleja la angustia de quienes ven en riesgo su patrimonio y su techo. Una de las vecinas presentes relató que el trato recibido fue despectivo: "Nos trataron de ignorantes. Estuvimos dos horas perdiendo el tiempo porque nos dijeron que ellos también fueron estafados y que no podían hacer nada. Básicamente, fue una burla".

A pesar de que los vecinos cuentan con contratos de cesión y planos de mensura, e incluso algunos ya residen en el lugar con conexiones eléctricas, la Municipalidad sostiene que dichas conexiones no fueron autorizadas. La postura oficial de la comuna, reforzada por la documentación presentada ante la Justicia, es que las tierras son estrictamente fiscales y la venta fue un acto ilegal.

Mientras la Jefa del Programa de Inmuebles Fiscales, Gabriela Escudero Ricate, asegura que se está trabajando para resolver el problema, los vecinos exigen justicia inmediata y la devolución de su dinero. Por el momento, la situación permanece en un limbo legal: las familias habitan construcciones en proceso bajo la amenaza latente de un desalojo, mientras el municipio se desliga de la responsabilidad civil sobre las transacciones privadas realizadas por la estafadora.