Seguirá preso un agente penitenciario acusado de corrupción de menores

Un efectivo del Servicio Penitenciario Provincial  (la identidad no fue difundida) tendrá que continuar detenido en su propio lugar de trabajo mientras avanza la investigación por los graves hechos delictivos que le endilgan: “Corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso simple agravado por la convivencia y producción de representaciones de menores con fines sexuales”.

El Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción Judicial le confirmó la prisión preventiva por 120 días rechazando de esta manera el planteo formulado por su defensa.

La medida fue adoptada por Laura Molino —presidenta— y los jueces Jorge Sabaini Zapata y Yanina Del Viso —vocales—, luego de analizar el recurso de revisión presentado por el abogado defensor Héctor Zabala Agüero contra la decisión que había dispuesto el Juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes.

En la audiencia participaron la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 2, representada por Antonella Córdoba y la defensora adjunta Mercedes García; la Defensoría de Niñez y Adolescencia Nº 3, a cargo de Silvina García y la defensora adjunta Belén Suárez; y la defensa técnica del imputado.

Durante su exposición, el abogado defensor solicitó que se revise la medida de prisión preventiva al considerar que el plazo de 120 días resulta excesivo y que no existen riesgos procesales justificados para mantener esa restricción de la libertad.

El defensor sostuvo que gran parte de las medidas de prueba ya se habrían realizado y que los dispositivos electrónicos en los que se sustenta la investigación se encuentran secuestrados y bajo resguardo judicial, por lo que —según planteó— no existiría posibilidad de interferir en la evidencia.

También cuestionó que se haya invocado un eventual riesgo para las víctimas sin una explicación concreta sobre en qué consistiría ese peligro y señaló que, a su entender, la Cámara Gesell realizada en la causa no reflejaría indicadores de abuso respecto de una de las niñas mencionadas.

Además, propuso como alternativa la prisión domiciliaria en un domicilio distinto al lugar donde se habrían producido los hechos investigados.

Al responder al planteo, la fiscal Antonella Córdoba explicó que la investigación se inició el 22 de octubre de 2025 y que tres días después se formularon cargos por los delitos mencionados.

Según detalló, durante la investigación se realizaron allanamientos en el domicilio del imputado y se secuestraron distintos dispositivos de almacenamiento digital que actualmente continúan siendo analizados por el área de delitos complejos.

Córdoba sostuvo que la causa involucra una gran cantidad de material audiovisual y fotográfico que debe ser examinado de manera individual por especialistas y que parte de ese material habría sido registrado en el domicilio allanado.

La fiscal también hizo hincapié en que todavía resta peritar uno de los dispositivos secuestrados, particularmente un teléfono celular. Explicó que, por las características de la evidencia digital y los sistemas de almacenamiento remoto, existe la posibilidad de que el contenido pueda ser modificado o eliminado a distancia mediante el acceso a cuentas o servicios asociados al dispositivo. En ese sentido, advirtió que una eventual libertad del imputado —o incluso el cumplimiento de una prisión domiciliaria— podría generar un riesgo concreto de alteración o pérdida de información relevante para la investigación.

En ese contexto, consideró que el plazo de 120 días resulta necesario para completar el análisis de la evidencia digital y avanzar en otras medidas de investigación pendientes.

Lo que resolvió el Tribunal de Impugnaciones 

Al fundamentar la decisión, los jueces consideraron acreditado un riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación, especialmente en función de la naturaleza intrafamiliar de los hechos investigados y de las medidas de prueba que aún restan producir.

El Tribunal valoró además la solidez de la imputación y la gravedad de la calificación legal atribuida a los hechos investigados, así como la expectativa de pena prevista para este tipo de delitos.

En relación con la propuesta de prisión domiciliaria, los jueces concluyeron que no existen elementos suficientes para considerar que esa medida pueda neutralizar los riesgos procesales.