Alguien que piense en el futuro de San Luis

La contracción de la demanda agregada moderó parcialmente la inflación en algunos rubros al inicio, aunque ya no lo hace; la consecuencia es que van 11 meses consecutivos de incremento de la inflación sub-registrada por el IPC -no actualizado- publicado por el INDEC. 

Pero los costos de infraestructura —energía, transporte, servicios— siguen subiendo por la decisión gubernamental de quitar subsidios a las tarifas. Esos costos impactan directamente sobre la estructura de costos empresariales. Ello obliga a las empresas tanto grandes como medianas y pequeñas a reducir sus beneficios, con mayor capacidad de soportar la situación en las grandes, pero con cierre o contracción de su estructura en las de menor tamaño.  

El circulo vicioso es conocido por los argentinos. La base imponible se reduce. La recaudación, tanto a nivel nacional como provincial cae. Las provincias se perjudican al igual que los municipios. Para sostener el superávit, se necesita más ajuste. El ajuste reduce más la demanda. Y el ciclo se reinicia. 

Los datos del período sobre la estructura productiva son elocuentes. Más de 22.000 empresas cerradas desde finales de 2023 en todo el país. Caída de la inversión extranjera directa que las “promesas” del RIGI aún no logran revertir. En San Luis, más de 4.000 puestos de trabajo formales perdidos. 

Si bien los datos oficiales muestran un crecimiento de la actividad económica en 2025 (4,4%) los sectores dinámicos generadores de empleo en nuestra provincia, Industria Manufacturera, Construcción y Comercio muestran un desempeño negativo.

La capacidad instalada industrial se ubica en torno al 53-54%, nivel similar al del peor período de la pandemia. La Informalidad laboral supera el 45%. 

San Luis es una de las provincias con mayor participación de actividades industriales en su PBI. Si a la industria le va mal, a San Luis le va peor.

Las políticas provinciales de ajuste, procíclicas, amplifican el efecto nocivo impartido desde el gobierno nacional.

Nadie está pensando, desde el ejecutivo provincial, después del ajuste, en una segunda fase de desarrollo industrial y tecnológico. 

No hay política activa de crédito, tecnología o transformación de la matriz productiva provincial (como sí ocurre en otras provincias a pesar del impacto de las políticas nacionales) que opere como red de contención y encare el futuro, ante los daños que causa el esquema económico nacional. 

Más allá del problema central que desde diciembre 2023 causa el efecto motosierra en la estructura provincial -y a pesar de que el equilibrio fiscal es casi siempre necesario- la industria provincial opera sin protección, sin incubadora que permita, eventualmente, su transformación y desarrollo.  

Recortar el gasto sin coadyuvar a las capacidades productivas locales sólo logra, como está ocurriendo, resentir la producción, el consumo, la inversión y el empleo.

A pesar de las políticas destructivas, el desarrollo provincial es posible. Se necesita que dirigentes políticos, empresarios, trabajadores y todas las fuerzas productivas locales puedan sentarse en una mesa a discutirlo.