Aulas al límite: las escuelas toman medidas, el Estado quita estampillas, falta contención

La postal de las escuelas de la provincia ha mutado drásticamente en las últimas semanas. Lo que antes eran espacios de formación y esparcimiento, hoy se asemejan a recintos de seguridad controlada. 

El hallazgo de mensajes intimidatorios en los baños, la portación de armas blancas por parte de estudiantes y la recurrencia de amenazas de tiroteos —muchas veces motivadas por "retos virales"— han puesto a la comunidad educativa en un estado de alerta permanente.

El caso más reciente sacudió a la Escuela Normal "Juan Pascual Pringles", conocida como "La Mixta". Este lunes, el hallazgo de un grafiti en un baño advirtiendo sobre un tiroteo para el próximo jueves 23 de abril activó de inmediato el protocolo de seguridad. 

El rector, Néstor Castro, confirmó la denuncia penal y el refuerzo de la vigilancia policial. Sin embargo, "La Mixta" no está sola: instituciones como la Escuela Técnica N°32 y el colegio Santo Tomás de Aquino han pasado por situaciones idénticas en días previos.

Escuelas "blindadas" y falta de respuestas oficiales

La desesperación de los directivos es palpable. El comunicado del Instituto Privado Suyai expone la cruda realidad del día a día: estudiantes que deben asistir sin mochilas, prohibición de usar cubiertos metálicos en el almuerzo (pidiendo que la comida venga cortada desde casa), recreos vigilados por adultos hasta la puerta de los baños y presencia policial en los ingresos. 

A pesar de este despliegue, las autoridades escolares denuncian baches en la comunicación con el Estado; desde el Suyai admitieron que, ante la emergencia, llamaron repetidamente al área de Bienestar Estudiantil sin obtener respuesta, debiendo recurrir directamente al 911.

Desde el Gobierno provincial, la respuesta se ha centrado en la vía punitiva y administrativa. Se ha recordado que estas amenazas son delitos penales y que los padres enfrentarán consecuencias contravencionales. 

Además, se anunció una medida de impacto económico: la quita de las estampillas escolares a los alumnos responsables de estos actos. Si bien la medida busca castigar la conducta, el reclamo de fondo de docentes y familias apunta a la falta de un abordaje integral.

Un caso reciente

Según informó La Dosis Puntana, un alumno del Colegio Modelo de San Luis, ingresó al establecimiento con un arma de aire comprimido, se tomó fotos en el baño y las subió a sus estados de WhatsApp. Las imágenes se viralizaron entre estudiantes y padres, quienes además denunciaron que el joven también habría publicado fotos con alcohol, marihuana y el tambor de otra arma. 

El síntoma de una crisis más profunda

"Se sanciona lo inmediato y está bien, pero a largo plazo no se busca desentrañar qué les está pasando a los chicos", coinciden fuentes del sector educativo. El uso de la Guía GUIARSE permite una reacción rápida ante el conflicto, pero no parece haber un plan de fondo para asistir la salud mental y emocional de los adolescentes, quienes terminan siendo el espejo de una sociedad adulta cada vez más violenta y fragmentada.

Mientras el Ministerio Público Fiscal avanza con las investigaciones para dar con los autores de las pintadas, la pregunta que queda flotando en los pasillos escolares es qué pasará cuando el patrullero se retire de la puerta. 

La comunidad exige que el Estado no solo actúe como brazo ejecutor de sanciones, sino que implemente medidas concretas de acompañamiento psicológico y social para entender por qué la violencia se ha convertido en el lenguaje común de los jóvenes.

La escuela está cumpliendo con su parte: denunciar y prevenir. Ahora, la mirada se posa sobre las autoridades gubernamentales para que el abordaje deje de ser meramente policial y empiece a ser, verdaderamente, humano y asistencial.