Obligatoriedad de la sala de 3: ampliar derechos o institucionalizar la desigualdad

El ejecutivo provincial presentó a la Legislatura el proyecto de ley para hacer obligatoria la sala de 3 años. Antes de aplaudir, hay que leerlo. Porque lo que no dice ese proyecto revela más que lo que dice.

Y sin embargo, UNADENISL —la organización que durante décadas defendió la jerarquía y la identidad del Nivel Inicial— eligió publicar en sus redes que esto "es un avance". Sin preguntas. Sin condiciones. Sin el debate que durante años fue su razón de ser.

Cuando quienes deberían instalar las preguntas incómodas optan por el aplauso, la denuncia se vuelve más urgente todavía.

En nuestra provincia no hay un solo Nivel Inicial. Hay dos.

Uno con estructura propia —las ENI— con equipos directivos del Nivel, con cargos específicos de educación física, plástica, música y docente de educación especial para acompañar la inclusión. Con identidad, con voz, con lugar en las decisiones.

Y otro: los Jardines Anexos. Aunque tengan edificio propio. Aunque estén pensados para la infancia. Aunque sostengan día a día prácticas específicas del Nivel Inicial. Los jardines anexos viven en tiempo de espera, de préstamo y de buena voluntad. Sin directivos propios. Sin cargos específicos. Sin docente de apoyo a la inclusión. Dependiendo de que el director de la primaria "encuentre la manera" y de que los docentes tengan voluntad de ceder horas.

Jardines Anexos de las sobras. Jardines Anexos pedigüeños.

Entonces la pregunta no es solo si la sala de 3 va a ser obligatoria. La pregunta es: ¿obligatoria para quién y en qué condiciones? ¿Se va a universalizar el derecho o también la desigualdad? ¿Se van a crear cargos reales o se va a seguir funcionando con lo que sobra? ¿Se va a fortalecer el Nivel Inicial o se lo va a seguir subordinando a la lógica de la primaria? ¿Van a existir dos infancias con distintos derechos según el jardín que les toque?

El proyecto tiene tres artículos. El primero declara la obligatoriedad. El segundo dice que el Ministerio "asegurará las condiciones necesarias". El tercero dice "De forma." Ni un cargo. Ni un peso. Ni una palabra sobre la desigualdad que ya existe dentro del propio sistema.

Cinco páginas de fundamentos con citas internacionales. Cero reconocimiento de que en San Luis hay jardines de primera y jardines de segunda.

Hacer obligatoria la sala de 3 sin resolver esta desigualdad de base no es ampliar derechos. Es profundizar una deuda histórica. Es institucionalizar la injusticia.

Cabe aclarar, en el proyecto se menciona como propia la política pública de los CDI (Centros Desarrollo Infantil) es una política pública nacida en el 2007 durante la presidencia de Cristina Fernández bajo ley 26.233:  regula y promueve los Centros de Desarrollo Infantil destinados a la atención integral de niños y niñas desde los 45 días hasta los 4 años de edad.

Busca garantizar la estimulación temprana, nutrición y protección de derechos, trabajando con familias y respetando la diversidad. Dentro del marco de educación no formal. En cambio, los Jardines Maternales se reconoce dentro de la educación formal (ley de educación 26206 ) como unidad pedagógica conjuntamente con el Jardín de infantes. Ambos ciclos (Jardin Maternal -primer ciclo, Jardin de Infantes - segundo ciclo) están dentro de la Educación Inicial.

Los CDI no son políticas públicas Provinciales ni tampoco reemplazan al Maternal ni es superior ni innovador. Uno es asistencialismo (CDI) y el Maternal es educación. Es decir, a los sectores

Y el silencio también toma posición. Si este proyecto no viene acompañado de presupuesto, de creación de cargos y de igualdad de condiciones para todas las salas, no estamos ante una política pública. Estamos ante una decisión política que elige sostener la desigualdad.

No es una decisión ingenua. Es una definición de infancia. De educación para la primera infancia. De Estado.

Cuando un gobierno amplía la obligatoriedad sin garantizar las condiciones, no está ampliando derechos: está transfiriendo la responsabilidad a las escuelas, a las docentes y a las familias. Una vez más.

Las docentes del Nivel Inicial llevamos años sosteniendo con voluntad lo que el Estado debería garantizar por derecho. Esta ley, sin presupuesto y sin estructura, nos pide que sigamos haciéndolo. En silencio. Y con una sonrisa.

Ya no.